Anticorrupción denuncia a la jueza Núñez ante el CGPJ por "desatención y retrasos"en las macrocausas

El Fiscal Jefe hace caso al escrito de queja de sus delegados en Sevilla y acude al Promotor de la Acción Disciplinaria por ver una "falta grave o muy grave"en la actuación de la magistrada, actualmente de baja médica

El Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado una denuncia ante CGPJ contra la jueza María Núñez Bolaños, al considerar que "la desatención y retraso injustificado"en la instrucción de las piezas separadas del caso ERE, así como en la investigación de las presuntas irregularidades en los avales de la agencia pública IDEA podría suponer "una falta grave o muy grave". La Ley Orgánica del Poder Judicial establece sanciones de entre 500 y 6.000 euros para las sanciones graves y de suspensión, traslado forzoso o separación de la carrera judicial para las muy graves.

La decisión de Luzón se produce después de que los seis fiscales delegados de Anticorrupción de Sevilla le hicieran llegar un escrito en el que se quejaban de la forma en la que la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla lleva las macrocausas. El escrito se conoció el pasado 19 de junio, un día después de que la jueza se diera de baja por motivos de salud.

Tras el escrito de los fiscales de Sevilla, el Fiscal Jefe de Anticorrupción ha decidido presentar una denuncia contra Núñez ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ ya que considera que la jueza podría haber incurrido en una falta grave o muy grave, ya que "la situación procesal de estas causas se ve afectada por la desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución, con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia".

"La Fiscalía Anticorrupción considera que por este motivo está resultando imposible proceder en los términos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la práctica de las actuaciones en orden al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de la responsabilidad de los partícipes, favoreciéndose con todo ello que el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos", expone en un comunicado.

Tras esta denuncia, el Promotor de la Acción Disciplinaria abrirá diligencias informativas para decidir si abre o no un expediente a Núñez. Si lo hace, la jueza deberá remitir un informe y declarar ante el promotor, que tras la investigación propondrá una sanción que en caso de faltas graves debe aprobar la Comisión Disciplinaria mientras para las muy graves el competente es el Pleno del CGPJ.

Precisamente, la antecesora de Núñez, Mercedes Alaya, fue sometida recientemente a un proceso similar tras la denuncia de los fiscales por sus palabras en una ponencia pública y en una entrevista cuestionando la imparcialidad del Ministerio Público (también los jueces de instrucción de Sevilla, entre ellos Núñez, mostraron en un escrito su malestar por sus críticas a su profesionalidad). El promotor de la acción disciplinaria propuso un apercibimiento leve, que es competencia del TSJA, si bien el Alto Tribunal Andaluz lo devolvió al CGPJ por una cuestión de forma y aún no se ha resuelto.

Anticorrupción y la jueza Núñez llevan tiempo cruzándose reproches, vía autos y recursos, que han ido en aumento. Y no son los únicos enemigos de la jueza, que ya tuvo que afrontar el descrédito de su antecesora, Mercedes Alaya, que rechazó que tuviera formación para sustituirla al venir de un juzgado de familia. También con los abogados del PP, que ejercen la acusación popular en varias de estas macrocausas, que han llegado a recusarla, sin éxito. Núñez, por su parte, ha cuestionado sus razones para personarse apelando a motivaciones de estrategia política y ha tratado de expulsarlos imponiéndoles cuantiosas fianzas que en muchos casos la Audiencia le ha obligado a rebajar.

En numerosos escritos, recurriendo decisiones de la jueza, los fiscales han cuestionado su «adecuada interpretación» de diligencias y pronunciamientos de otros tribunales, criticado «retrasos» o «apenas avances» en la instrucción, alertado del «riesgo» de dejar delitos «impunes» o insistido en las «reiteradas» diligencias solicitadas que llevan años sin que la jueza ordene pese a su «importancia para esclarecer los hechos que se investigan».

El cruce de autos y recursos obedece principalmente al archivo de piezas separadas del caso ERE por parte de Núñez y a la exclusión de ex altos cargos del Gobierno socialista en las múltiples causas en las que se dividió la macrocausa abierta por Alaya (que siempre se negó a dicha división, que en su momento pidieron los fiscales). Una decisión que Núñez ha ido adoptando siguiendo el criterio marcado en su día por la Sección Primera de la Audiencia, encargada de ver los recursos de los ERE, que dio la razón a las defensas de varios de exaltos cargos juzgados en la pieza política del caso (pendiente de sentencia) que apelaron a que sus clientes ya no podían ser sometidos a más juicios por los ERE porque una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.

La Sección Séptima de la Audiencia, y Núñez siguiendo su criterio como «único que la vincula», entienden que como en la pieza política los 22 exaltos cargos acusados (entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves yJosé Antonio Griñán) fueron juzgados por delitos continuados de prevaricación y malversación por crear y usar un sistema «específico» dar ayudas públicas «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», no se les puede juzgar por cada una de las ayudas dadas siguiendo ese sistema entre 2001 y 2010. La Fiscalía discrepa y recurre las decisiones en este sentido una u otra vez. También ellos se han llevado rapapolvos de la Sección Séptima en los autos que rehazan sus recursos, acusándoles de que la culpa la tiene su «afán globalizador» al acusar a los procesados de delitos continuados.

En el caso sobre los avales de IDEA, Núñez ha decretado el archivo y de nuevo la Fiscalía ha recurrido. También alega que la jueza concluye que se han desvanecido los indicios de delito porque hace una interpretación «que no es adecuada» de un informe pericial y critica que ha hecho caso omiso de la documentación que Anticorrupción lleva tres años pidiéndole que solicite y que ya se acordó que se pediría. Una vez más advierte de que los delitos investigados corren el riesgo de prescribir porque los avales fueron concedidas en 2009 y 2010.

Argumentos como éstos se repiten en los recursos fiscales en las causas sobre las ayudas de la Junta para cursos de formación, que Núñez también dividió nada más llegar en contra del criterio de Alaya y repartió en los juzgados provinciales, donde muchas piezas se han archivado. O en el caso Faffe, que investiga presuntas irregularidades en contratos con la extinta fundación pública para formación y el uso de tarjetas black por parte de sus dirigentes en prostíbulos. Precisamente, el día antes de darse de baja, y de conocerse el escrito de los fiscales de Sevilla, Núñez atendió una petición del PP que en su día rechazó, tras un recurso de reforma, para solicitar a la Junta los contratos de todos los trabajadores que pasaron por la fundación.