Archivada la ayuda al Ayuntamiento de Chiclana

La jueza María Núñez Bolaños, que investiga el «caso de los ERE fraudulentos», ha archivado las actuaciones penales respecto a la ayuda de 24.000 euros que la Junta de Andalucía concedió en 2003 al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) cuando el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, era alcalde. En cinco autos, la jueza también archiva las ayudas concedidas por la Junta a la Asociación de los Juegos Mediterráneos Almería 2005 y a los ayuntamientos de La Barca de la Florida (Cádiz) y los de La Puebla del Río y Camas, en Sevilla.

La decisión judicial se basa en otros archivos que ha decretado porque las ayudas eran de menos de 450.000 euros y el plazo desde que se concedieron y comenzó la investigación superaba los diez años, que fueron los límites que fijó en marzo de 2016 la Audiencia de Sevilla a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción. En todos los casos, la jueza se refiere al archivo de la investigación respecto a los presuntos delitos de prevaricación y malversación.

Sobre la ayuda a Chiclana, la magistrada explica que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo exigió el 10 de abril de 2014 su devolución tras decretar, en una revisión de oficio, la «nulidad» del convenio entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el Ayuntamiento que permitió su pago, lo que hizo el Consistorio.

Por ello, la jueza no lleva al proceso al Ayuntamiento de Chiclana como partícipe a título lucrativo, pero sí lo hace con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero como investigado, antes imputado, al que cita el 30 de junio para responder por las cinco ayudas.

De otro lado, Núñez Bolaños ha abierto otras tres piezas separadas para investigar las ayudas por un importe total de 2.310.074,09 euros concedidas por la Junta de Andalucía a las empresas Centro de Limpieza industrial Huévar, Bética industrial y Novomag manufacturas metálicas.