Arranca el juicio del «caso Umax» contra tres ex directores de Trabajo de la Junta

Guerrero, Márquez y Rivera serán juzgados desde hoy por los contratos «fantasma» a través de una empresa de informática

La Audiencia de Sevilla juzga desde hoy a cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos tres ex directores generales de Trabajo, y al dueño de Umax Informática y Consultoría por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a esta empresa por la contratación de 44 trabajadores que «pertenecían al círculo de amigos y familiares» del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, uno de los encausados.

La Sección Tercera ha fijado el inicio de la vista oral para este 8 de enero, siendo la primera de las once sesiones y en la se expondrán las cuestiones previas de las partes personas, la Fiscalía, la acusación ejercida por la Junta de Andalucía y las seis defensas. Las declaraciones de los acusados están previstas para los días 10 y 15 de enero, mientras la fase testifical se desarrollará previsiblemente los días 16, 22, 29 y 30 de enero y 5 de febrero. Para la presentación de las conclusiones e informes finales se han fijado tres sesiones, el 13 de febrero y 12 y 13 de marzo.

Cabe recordar que la jueza de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, en junio del pasado año dictó auto de apertura de juicio oral e impuso una fianza de 2.556.036,20 euros a los seis acusados, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina, y al administrador único de Umax, Ulpiano Cuadrado.

La magistrada abrió juicio oral contra todos ellos por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.

Cabe recordar que Guerrero, Márquez, Aguado y Medina han sido juzgados recientemente en la Audiencia por la pieza de los ERE por el procedimiento específico, cuyo juicio quedó visto para sentencia antes de Navidad.

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación para los cinco ex altos cargos de la Junta acusados en este procedimiento.

Sin cumplir los requisitos

De este modo, reclama para los cinco ex altos cargos nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación; seis años de prisión y 18 de inhabilitación por el delito de malversación, y cuatro años de cárcel y otros cinco años de inhabilitación, además del pago de una multa de 13.500 euros, por un delito de falsedad, mientras que para Ulpiano Cuadrado solicita en total ocho años y medio de prisión y el pago de una multa de 7.500 euros.

Asimismo, la Fiscalía reclama que los seis acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con 2.556.036,2 euros por las cantidades «indebidamente» percibidas desde el año 2003 hasta el año 2010, cantidad de la que responderá subsidiariamente la entidad Umax, así como que se declare la nulidad de los contratos realizados por Umax con la Dirección General de Trabajo desde 2007 hasta 2010.

A juicio del Ministerio Público, todos los acusados «se pusieron de acuerdo con el fin de facilitar la contratación» de Umax, «a sabiendas de que dicha entidad no cumplía con los requisitos que la legislación administrativa requería para la realización de dicha contratación, creando a partir del año 2003 una estructura administrativa de personal al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente en la Dirección General de Trabajo y en las delegaciones provinciales mediante la contratación de personas que no cumplían con los requisitos para ello».

Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, los pagos derivados de este tipo de contratación «se realizaron bien acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o bien en expedientes de contratación menor en la que se giraban una serie de facturas por parte de la entidad Umax que correspondían a servicios inexistentes, facilitando el pago inmediato de la retribución convenida entre todos los acusados».