Casi 160.000 euros en «asistencia para la defensa de los derechos económicos»

La Consejería de Hacienda, mediante una encomienda de gestión, encarga el seguimiento de informes al ente instrumental Epgasa

El Portal de la Transparencia de la Junta recoge una resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Pública «por la que se encomienda a Epgasa la realización de labores de asistencia económico-financiera para la defensa de la Hacienda de la Junta». El encargo, con una duración de 24 meses y que arrancó en abril del pasado año, supone un montante de 157.325,92 euros. El objeto de la encomienda: «la asistencia técnica a la Viceconsejería de Hacienda y Administración Pública en materia de ejercicio de acciones de defensa de los derechos económicos de la Hacienda de la Junta de Andalucía. Dicha asistencia consistirá en el estudio, análisis y seguimiento económico-financiero de informes recibidos por la Viceconsejería». La Junta de Andalucía ya dispone de gabinete jurídico propio.

Epgasa, Empresa Pública de Gestión de Activos de la Junta, tiene como funciones genéricas la «tenencia, administración, gestión integral, enajenación, conservación, mantenimiento, vigilancia, desarrollo, mejora y cualquier actividad de gestión, incluido el arrendamiento de bienes y derechos, materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, de su propiedad y de los que adquiera en lo sucesivo, así como la gestión integral y administración, de los que le sean encomendados por la Comunidad Autónoma Andaluza y/o por sus entes instrumentales». Asimismo, se ocupa del «asesoramiento y apoyo a la consejería competente en materia de Hacienda». En la práctica, se la conoce por el alquiler principalmente de sedes en la Isla de la Cartuja.

Epgasa es propiedad de la Junta desde junio de 2010, fruto de la integración en el sector público empresarial andaluz de la antigua Sociedad Estatal de Gestión de Activos, encargada de reutilizar y rentabilizar los bienes que la Administración central poseía en la Isla de la Cartuja de Sevilla, procedentes de la Expo 92 y traspasados a Andalucía como pago, durante el mandato de Rodríguez Zapatero, de la denominada Deuda Histórica.

La empresa absorbida, Sogefinpa, se creó en 2009 con la finalidad principal de encauzar la gestión y explotación de los bienes y derechos del patrimonio de la comunidad. El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó la fusión por absorción de Sogefinpa por parte de Epgasa, que es la denominación que la Junta dio a Agesa (Sociedad Estatal de Gestión de Activos) con el pago de la deuda histórica.

A los cinco años de la creación de Sogefinpa, la heredera de Agesa sólo generó gasto de nóminas de personal. A excepción de un técnico, todos los trabajadores fueron seleccionados y contratados «sin convocatoria pública», a través de «procesos en los que no se observaron los principios de igualdad, mérito y capacidad» fijados por la Ley, según puso de manifiesto la Cámara de Cuentas de Andalucía en una auditoría del ejercicio 2012. Los auditores cuestionaban para qué se creó la sociedad. «La actividad fundamental realizada por Sogefinpa no se encuadra en ninguna de las actividades contempladas» en «su objeto social, que dan nombre a la sociedad y que motivaron su creación», señalaron. Finalmente, el Gobierno andaluz presidido por Susana Díaz acordó que Sogefinpa fuera absorbida por Epgasa. Al mes de crearse, mediante otra encomienda de gestión, la Consejería de Hacienda encargó a Sogefinpa el asesoramiento técnico a las delegaciones provinciales para la tutela financiera de los ayuntamientos. La contratación del personal del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública de Andalucía no fue «justificada», según un informe de la Cámara de Cuentas, ni mejoraba su eficacia.