Castilla alega que «fascista» no es un insulto sino una «corriente»

La nueva secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ya sabe lo que es convertirse en la líder de una organización que está en el punto de mira judicial y social. Ni veinticuatro horas después de estrenar cargo tuvo que dar sus primeras explicaciones, y no de lo ocurrido hasta entonces en el sindicato, que también, sino de sus propias palabras. Muestra de ello es que en el programa que conduce Alfredo Menéndez, «Las Mañanas de RNE», fue preguntada por la acusación de «fascista» que, sin nombrarlo, dejó caer en su primera intervención tras ser elegida contra el Gobierno del PP.

Castilla justificó el término en el contexto en el que fue usado. «Son los discursos que se hacen normalmente en el tono de un entorno privado del Comité», aseguró en Radio Nacional, pese a que el discurso se hizo público desde UGT-A, para matizar que le «encantaría» tender la mano «no solamente al PSOE e IU, sino también al PP». Entiende que «hay gente que queremos lo mismo y es el bienestar de la sociedad». Repreguntada por si, en definitiva, considera o no fascista al Ejecutivo de Mariano Rajoy, Castilla adujo, entre risas, que «el concepto fascismo como tal no es insulto» y sí «una corriente».

No fue lo único que mantuvo a lo largo de la jornada. En otra entrevista, esta vez en Canal Sur Televisión, la dirigente sindical deslizó que UGT-A acometerá la devolución a la Junta, «si es necesario», de los 1,8 millones de euros en que se ha cifrado por el momento lo defraudado por las presuntas irregularidades cometidas en ayudas públicas. Cabe recordar que el Gobierno andaluz ha abierto un proceso interno de investigación y se baraja que el montante total a reponer pueda alcanzar al menos los 7,5 millones. Castilla fue más allá del condicional, «si es necesario», y manifestó que aunque se devuelvan los fondos, no significa que esté de acuerdo con que esto sea así. Al margen de opiniones, apuntó que, si llega el caso, UGT-A cuenta con una estrategia para afrontarlo. Se refirió, asimismo, a la comisión interna armada también por el propio sindicato, que «no se acaba en dos o tres meses», para dejar claro que cogerá las riendas y comprobará «en qué fase está todo». «Revisar tiene su tiempo y más si no queremos parchear», lanzó para apostillar que «cada curso de formación tiene miles de apuntes contables con miles de anexos». Interrogada por el «caso ERE», Castilla mostró su respeto por la labor judicial y apuntó una de sus máximas: «Quien haya hecho algo ilícito, que la Justicia lo declare», a lo que sumó que existen ilícitos éticos o morales, a su juicio, reprobables.

En ese sentido, la líder de los ugetistas andaluces admitió que no pone la mano en el fuego por los compañeros de su organización hasta no contar con todos los datos. De hecho, avisó de que será «la primera» en llevar al juzgado las «cosas» que descubra que no se han hecho bien, si es que no están ya en sede judicial.

Su irrupción en la dirección de UGT-A provocó también numerosas reacciones, entre ellas la de la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, Alicia Martínez, quien reconoció a este periódico que le parece «muy lamentable» que «se empiece de esta forma, tan de confrontación», en alusión al calificativo de «fascistas». «Además –añadió– cuando se tiene en la propia casa lo que se tiene». En ese sentido, conminó a Castilla a hacer «autocrítica» y a tener «una actitud mucha más de humildad», dado que «tiene una herencia a la que hacer frente, una deuda que saldar con la sociedad» y la credibilidad de su organización «está por los suelos». Según adelantó Martínez, los populares volverán a pedir a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que «permita que comparezcan en el Parlamento regional los máximos responsables tanto de CC OO como de UGT para dar explicaciones por el fraude en los fondos de formación, los ERE y oras cuestiones que estamos conociendo». Si bien, pidió a Castilla que «sea ella la que dé el paso y lo solicite» en aras de la transparencia real.