CC OO cobró dinero público de los ERE mediante «facturas mejorables»

CC OO presentó ayer un documento de 44 páginas para exculpar al sindicato de las irregularidades que de manera indiciaria le atribuye la juez Mercedes Alaya por su intervención en las negociaciones de los ERE financiados con fondos públicos de la Junta. El sindicato admite algunas lagunas en sus actuaciones, pero ninguna de relevancia. Básicamente, las conclusiones admiten su implicación en los hechos, pero les restan trascendencia porque no han cometido ninguna «ilegalidad», recalcaron ayer en rueda de prensa en Madrid Ignacio Fernández Toxo y Francisco Carbonero.

El caso más evidente es el de la facturación. CC OO, como UGT, admite que cobró por su labor en los ERE. Unos trabajos que afirman necesarios y que justifican por los «costes por la intervención y asesoramiento sindical, asesoramiento jurídico y asesoramiento económico y actuarial» de los trabajadores implicados, aunque señalan que la facturación de los mismos era legal aunque «manifiestamente mejorable». Las divergencias con la instrucción son grandes, ya que Alaya considera que estas comisiones no correspondían a trabajos reales, sino que se cobraban por facilitar el proceso «aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno, justificando dicho cobro de forma tan peregrina como la toma de datos», mantiene.

De hecho, esta visión es compartida por las mediadoras, que recibían los fondos públicos y luego pagaban a los sindicatos. Antonio Albarracín, uno de los responsables de Uniter que se encuentra en libertad bajo fianza, aseguró ante la juez que UGT y CC OO ejercían una auténtica «medida de presión». Su «modus operandi» era el siguiente: «Se personan en la empresa y le dicen que se van a negar a firmar el acuerdo de reestructuración y prejubilación si ellos, los sindicatos, no hacen otros costes actuariales y no los revisan».

En el documento también hay reproches para la Guardia Civil y Alaya, porque asegura el sindicato que «las cantidades cobradas a las aseguradoras, por el trabajo realizado en expedientes con subvención, es muy inferior a la que ha aparecido en los medios de comunicación. Esto parece indicar claramente que por la UCO y el Juzgado se ha atribuido todo el montante global del Estado e independientemente de si el expediente ha tenido ayuda pública, a los procedimientos analizados de Andalucía, lo cual es, a la vista de la información de la que ha dispuesto esta Comisión de Investigación, falso y poco riguroso». El juzgado de Instrucción 6 de Sevilla mantiene que las mediadoras Vitalia y Uniter abonaron al entorno de UGT y CC OO 7,6 millones de euros durante el periodo investigado, sin descartar que esa suma se vea incrementada según avance la investigación.

Los reproches de CC OO también se centran en la Administración andaluza, a la que responsabilizan, por ejemplo, de la inclusión de intrusos en los ERE. Carbonero habló de una «gran chapuza administrativa».

Con respecto a los diez imputados relacionados con la organización, el sindicato defiende la inocencia de cinco de ellos, los que aún pertenecen a él; las otras cinco personas ya no forman parte del mismo e incluso dos están inmersos en un proceso sancionador y no se les dará protección jurídica.

Curioso es el caso de Antonio Florido, que cobró 265.000 euros en cuatro pólizas de rentas. El informe considera que una de ellas era la que le correspondía por su prejubilación en Hytasal; y la otra se la prometió la Federación de CC OO porque al darse de baja perdía dinero. Solución: el sindicato le contrató una póliza como «sobresueldo». La instrucción apunta que salió de fondos públicos.