Cerca de 350.000 firmas a favor de la libertad de enseñanza

Escuelas Católicas registra en San Telmo las adhesiones recibidas

La patronal Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), organización que aglutina a la mayoría de los titulares de los centros educativos concertados de la comunidad andaluza, hizo entrega de cerca de 350.000 firmas en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en defensa de la educación concertada, en pleno debate sobre la restricción de unidades de este modelo por motivos demográficos.

El secretario general de ECA, Carlos Ruiz, hizo acto de presencia en este registro administrativo para hacer entrega de las rúbricas, de las que 280.000 se han realizado físicamente y más de 55.000 se han hecho mediante una plataforma online. Estos apoyos se han conseguido en apenas 20 días, desde que se dio a conocer esta petición el pasado 18 de enero.

Al mismo tiempo, los presidentes provinciales estaban convocados para entregar en la delegaciones territoriales de Educación las actas de apoyo a este movimiento, firmadas por estamentos de la comunidad educativa –consejos escolares, claustros y AMPA, entre otros–. Todo ello, después de que este lunes Escuelas Católicas decidiera por unanimidad en junta directiva extraordinaria aplazar las movilizaciones mientras sigue el diálogo con la Consejería de Educación sobre la renovación de conciertos. En ese sentido, Ruiz mostró su «confianza» en que la consejera Adelaida de la Calle cumpla los acuerdos alcanzados la pasada semana, para evitar el cierre de unidades concertadas con demanda.

Cláusula suelo en la pública

Paralelamente, representantes de colectivos y plataformas sociales en defensa de la educación pública presetaron la campaña «I love 5%», que pretende concienciar a la ciudadanía en torno a la necesidad de «blindar» el Presupuesto educativo de la Junta de Andalucía, fijando una «cláusula suelo» de inversión mínima equivalente al 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

Esta cláusula sería, tal como expusieron, «una nueva herramienta para proteger los colegios públicos andaluces de las oleadas de recortes que pueden llegar desde Madrid o Bruselas, al tiempo que supondría una considerable mejoría en materia de personal, infraestructuras y calidad eductiva».