Chaves y Griñán, responsables políticos de la red «clientelar» de la formación

C’s exculpa a Susana Díaz, a la que el resto de grupos acusan de paralizar los cursos y perder 822 millones de euros.

Los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán serán, casi con toda probabilidad, señalados como responsables políticos en las conclusiones de la comisión de investigación de los cursos de formación. Siempre, eso sí, que el documento síntesis que elabore el presidente de la misma, el diputado de Ciudadanos Julio Díaz, cuente con el apoyo de la mayoría de los grupos. Los dos ex presidentes son señalados por todos los partidos a excepción del PSOE en las conclusiones particulares entregadas ayer en la Cámara, último día habilitado para hacerlo después de la prórroga de una semana que se otorgaron el lunes pasado. Los socialistas no ven ningún tipo de responsabilidad política ni tampoco de empleados públicos porque, aseguran, el caso es un montaje del PP y todo se ha hecho con absoluto rigor y respetando la legalidad vigente en cada momento.

Más allá de las expresiones utilizadas por los distintos grupos, existe consenso en señalar que Chaves y Griñán permitieron, por acción u omisión, la creación de una red «clientelar» en torno a los cursos de formación que benefició a personas relacionadas con el PSOE. La normativa por la que se regulaba la adjudicación de las subvenciones, sin concurrencia competitiva, facilitó este hecho, agravado posteriormente por la falta de control interno a la hora de comprobar que las ayudas concedidas a las distintas empresas e instituciones se emplearon íntegramente para el fin estipulado. Conviene recordar que las subvenciones para las acciones formativas eran íntegras para asumir los gastos de los cursos y, por tanto, no podían generar beneficio empresarial. Las distintas tramas existentes, normalmente con la utilización de entidades sin ánimo de lucro que subcontrataba los trabajos a una mercantil no fueron detectadas en la mayoría de las ocasiones por los controles de la Administración. La falta de medios y personal especializado para esta tarea es otro de los puntos en los que hay acuerdo por parte de los cuatro grupos políticos: PP, Podemos, Ciudadanos e IU.

Uno de los puntos más polémicos de la comisión es la responsabilidad del actual Gobierno andaluz. Los cursos de formación se suspendieron en 2013 ante las presuntas irregularidades. La presidenta, Susana Díaz, dice que durante su mandato no se han impartido cursos, por lo que no se le puede reprochar nada. PP, Podemos e IU –esta formación habla de «negligencia»–sí consideran que la parálisis de más de cuatro años –no habrá cursos para desempleados en el mejor de los casos hasta febrero de 2017, según la nueva orden reguladora vigente– sí genera una responsabilidad política. De hecho, el Gobierno central tenía presupuestados 822 millones en los cinco últimos ejercicios presupuestarios para la impartición de cursos por parte de la Junta, un dinero que no se ha podido utilizar al estar suspendidos. C’s sólo afirma que esta decisión provocó «un menoscabo social» para los andaluces pero no genera responsabilidad política por parte de Díaz. Los populares recuerdan además que su firma aparece en los convenios con UGT para impartir formación en sedes compartidas durante su etapa como secretaria de Organización del PSOE-A.

Por su parte, Ciudadanos exculpa a Díaz, por lo que habrá que esperar al relato final del presidente de la comisión para ver en qué grado afecta o no a la jefa del Ejecutivo andaluz. Si Julio Díaz otorga más fuerza a la opinión del PSOE y su grupo, quedará en nada; si incluye las opiniones del resto de formaciones, Díaz también será señalada en mayor o menor medida.

También existe casi unanimidad –el PSOE es el único que se descuelga– en criticar la actitud obstruccionista de la Junta de Andalucía durante todo el proceso de investigación parlamentaria. El retraso en el envío de la documentación, las trabas para acceder a determinados expedientes o directamente la imposibilidad de contar con ellos ha sido reflejado en las conclusiones de PP, Podemos e IU. El envío de los expedientes por parte de la Junta de Andalucía en formato papel cuando están digitalizados ha sido otras de las quejas recurrentes.