Cuatro de cada diez menores estarían en «pobreza grave» sin ayudas

El Observatorio de la Infancia en Andalucía, dependiente de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, ha emitido este mes de noviembre un informe que refleja el elevado índice de pobreza infantil y adolescente en la comunidad, utilizando datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016. Los resultados sitúan a 760.348 menores en riesgo de exclusión, utilizando el umbral de pobreza relativa de España, cifra que se reduce a 567.424 niños tomando como referencia el umbral de pobreza relativa de Andalucía. En cualquiera de los casos, el informe corrobora implícitamente –como ya anunció la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza– que uno de los proyectos estrella anunciados por el Gobierno andaluz para 2018, la dotación para la renta mínima de inserción social, resulta insuficiente pues apenas beneficiará a 42.500 familias.

Observatorio de la Infancia

Bajo la denominación «Infancia en riesgo de pobreza o exclusión social, pobreza relativa y grave, el papel de las transferencias sociales en Andalucía 2017», este documento toma como referencia la tasa Arope, que a su vez incluye tres indicadores: el riesgo de pobreza o pobreza relativa, la carencia de material severa (evaluada a través de nueve situaciones de la unidad familiar) y la convivencia en hogares sin empleo o baja intensidad laboral (menos del 20% del año).

El umbral de pobreza relativa de Andalucía es de 6.275,3 euros anuales por unidad de consumo y el de España, 8.208,5 euros al año. Según el umbral andaluz, el 27,7% de los niños andaluces se encuentra en riesgo de exclusión y si se toma la media nacional, el porcentaje asciende al 44,3.

Las carencias de material hacen referencia a los bienes o gastos que se pueden o no permitir los hogares. El 55,9% de los menores de edad andaluces no tiene vacaciones al menos una semana al año; el 55,2% vive en hogares donde no se pueden afrontar gastos imprevistos; el 15% no tiene ordenador; y casi el 14% no vive en una residencia con una temperatura adecuada, entre otros apartados. Del conjunto de los mismos se puede colegir que un 9% de los menores andaluces presenta «carencias materiales severas».

Con respecto al tercer indicador, el informe expone que en 2016, el 17,7% de las personas menores de edad en Andalucía reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de trabajo, cifra que se ha reducido un punto respecto a 2015, mientras este apartado en la media nacional se coloca en el 11,6%.

En la evaluación global, en Andalucía un 35% de los menores de 18 años se encontrarían en riesgo de pobreza utilizando el umbral andaluz, mientras que ascendería al 46,9% tomando la referencia nacional.

El observatorio hace hincapié en el mayor efecto de las transferencias sociales –ayudas públicas en empleo, sanidad, educación, vivienda...– aplicadas en la comunidad con respecto al reflejado en el resto del país. Y detalla: «De no existir, en 2016 el 44,9% de los menores de edad se encontrarían en riesgo de pobreza medido bajo el umbral de pobreza relativa de Andalucía, y el 55,7% si empleamos el umbral de pobreza de España». De este modo, se incide en que los beneficios sociales andaluces reducen el riesgo de pobreza en 17 puntos y 11,5 puntos, respectivamente, según el umbral regional o nacional.

Dentro de la tasa de pobreza se distingue otro umbral, el de pobreza grave, que es de 4.183,6 euros anuales por unidad de consumo en Andalucía y 5.472,4 euros en España. El 14,3% de la población menor se encuentra en riesgo de pobreza grave según el umbral andaluz, y un 22,6% tomando la media nacional. «El riesgo para la población menor ha disminuido 5 puntos respecto a 2015, en el que el umbral era de 4.036,5 euros». Sin transferencias sociales ni pensiones, el 30,6% de los menores se encontraría en situación de exclusión grave bajo el umbral andaluz, y llegaría al 40,8 con el nacional.

El propio informe del observatorio admite que en 2015 se reducen «considerablemente» estas transferencias sociales, hasta en 11 puntos porcentuales, después de un aumento continuado desde 2009 a 2014, volviendo a crecer en 2016 un 14%.

El responsable de Save de Children, Javier Cuenca, recordaba recientemente que hay más de 317.000 familias en situación de «pobreza severa». Según un estudio de la organización, con los actuales umbrales previstos por la Junta hay 247.000 familias que podrían optar a la renta mínima de inserción, por lo que más de 200.000 quedarían fuera con la actual consignación presupuestaria. Para el año que viene la partida asciende a poco menos de 200 millones de euros, pese a que se necesitarían 970 millones para atender a todas las familias. Todo ello hace que la iniciativa tenga una alcance limitado.

Nuevo plan integral para la comunidad gitana

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, presentó a las asociaciones y entidades el Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía 2017-2020, que beneficiará a unas 300.000 personas y contará con una dotación presupuestaria de 228 millones de euros, aportados por las consejerías de Fomento y Vivienda (140 millones), Igualdad y Políticas Sociales (58,1 millones) y Educación (28,2 millones), principalmente. El grueso de las 125 actuaciones se aplicarán en las zonas desfavorecidas, donde reside la mayor parte de la población gitana.