Cuatro llamadas vinculan a Caraballo con la presunta compra de la moción de censura

El presidente de la Diputación de Huelva habló con el presunto intermediario sindical tres veces el día del ofrecimiento a los dos ediles de Aljaraque y una última tras la celebración del Pleno

El auto que confirma el procesamiento por cohecho del presidente de la Diputación de Huelva y líder del PSOE onubense, Ignacio Caraballo, en la causa por la presunta compra de dos ediles de Aljaraque para evitar la moción de censura en enero de 2017 que hubiera supuesto el desalojo de la Alcaldía de los socialistas, contra el que cabe recurso, señala que «aun cuando Caraballo manifestó que se limitó a estar presente en la firma del acuerdo, el cual se realizó en la sede de la Diputación, tampoco cabe obviar el resultado del informe emitido por la UOPJ (...) sobre la relación existente entre los teléfonos objeto de interés para la investigación y en el que se concluye que del análisis realizado al teléfono del que es adjudicatario el ahora recurrente y el teléfono vinculado a CC OO –perteneciente al sindicalista investigado que presuntamente actuó de intermediario– consta un total de cuatro llamadas (entre el 11-01-17 y 10-01-17) siendo tres de ellas realizadas el 11 de enero de 2017 (día de la reunión en el Bar Bernardino) aunque estas llamadas no superaron los 5 segundos de duración y una cuarta se registra el 17-01-17, un día posterior a la celebración del Pleno en Aljaraque y tiene una duración de 92 segundos no constando ningún tráfico de llamadas entre ambos abonados posterior a dicha fecha».

Además de Caraballo –a quien en las grabaciones aportadas al caso aparece como garante del ofrecimiento y en todo momento al tanto de la negociación–, están encausados los dos concejales de Sí Se Puede Aljaraque, Pedro Escalante y Francisco Martín; el representante sindical José Luis Rodríguez; y José Manuel Márquez Rivas, director de recursos humanos de la compañía Aguas de Huelva (Emahsa). El auto amplía además las diligencias de investigación con «la declaración de investigado de José Alejandro Fernández Morales, director de clientes de Emahsa». La magistrada Fernández Maqueda apunta como origen de la causa el ofrecimiento del sindicalista a los concejales de una delegación municipal en un caso y un trabajo para la mujer del otro en la empresa de aguas de la Diputación a cambio de no seguir con la moción.

El PSOE posterga ahora las dimisiones al juicio oral

«Lo que tenga que suceder en Huelva ocurrirá cuando sea y decidirán los militantes». En estos términos se refirió el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, a esas novedades en el «caso Aljaraque». En el apartado de la semiótica queda el gesto de sorpresa al ser preguntado si se ve sustituyendo al presidente provincial, Ignacio Caraballo, al frente del PSOE de Huelva. «Permítanme que me ría», señaló Fiscal, afín al sector de la secretaria regional Susana Díaz en la pugna abierta en la agrupación onubense a raíz del aislamiento del ex portavoz parlamentario Mario Jiménez, a quien, a su vez, es cercano Caraballo. «Deseo para mi secretario general que esto acabe lo mejor y lo antes posible», señaló Fiscal. La postura oficial del PSOE es que el alto cargo socialista se mantiene en el cargo recordando que contra el auto que desestima el sobreseimiento cabe recurso. El código ético es «claro» y contempla las dimisiones cuando se abre juicio oral, señaló Fiscal. El nuevo auto «es un paso más en el procedimiento». Cabe recordar que en el «caso ERE», la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, exigió la dimisión de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán cuando fueron investigados –antes imputados–, sin llegar a esperar a la apertura de juicio oral. El PP-A pidió «la dimisión inmediata» de Caraballo «aplicando los mismos criterios que exige el PSOE-A a los demás». Cs reclamó que «caiga todo el peso de la ley» sobre los que manchan «el nombre de Andalucía». En la Diputación onubense, PP y Cs pidieron la dimisión de Caraballo porque «no es bueno para la institución». Los socialistas, por su parte, insistieron en que «no habrá ningún movimiento político» en torno a Caraballo porque «no ha habido movimiento judicial».