De ayudas para «amigos del pueblo» al «programa más publicitado» de la Junta

Fernández dice que la partida 31L, conocida sólo por el entorno del PSOE-A según Alaya, la conocía cualquiera

«Era el programa más publicitado que ha existido, creo yo, en el Gobierno (andaluz). Cualquier persona que viviera en Andalucía lo sabía», señaló el ex consejero Antonio Fernández a los requerimientos del fiscal sobre la nula publicidad en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) de las ayudas sociolaborales del programa 31L –el programa de Javier Guerrero, «coloquialmente», según el propio Fernández– en la trigésimo primera sesión del juicio por el «procedimiento específico de los ERE». Alaya en la Instrucción señaló que con las ayudas se tejió un «selecto círculo de influencias que iban desde los sindicatos, agencias o mediadoras de seguros y despachos de abogados, que propiciaban habitualmente la concesión de tales ayudas, obteniendo importantes beneficios». Fernández insistió en que «no se plantearon» una campaña de publicidad. «Hemos actuado igual que la Administración central», dijo. «Los destinatarios son los comités de empresa y sindicatos. Ellos tenían perfecto conocimiento del contenido, solicitud y procedimiento». ¿Y los requisitos? «Se concretan en cada expediente», remitiendo a «la orden ministerial del 95». «Cada ayuda en función de las circunstancias». «No había ninguna norma que especificara los requisitos ni en España ni en Andalucía pero a quienes iba dirigido conocían perfectamente el contenido del programa», señaló

Alaya señaló al Supremo que millonarias ayudas acabaron en manos de empresas, sindicatos, «intrusos», «compañeros del partido», en referencia al PSOE, e incluso en «amigos del pueblo». Alaya expuso que esta «subversión normativa y procedimental determinaba, presuntamente, que las ayudas en gran parte de los casos, terminaran en manos de personas y empresas que por un motivo u otro estaban próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz». Antonio Fernández, que fue viceconsejero y consejero de Empleo, se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

Fernández defendió que «cualquier andaluz conocía los conflictos laborales que había en Andalucía y la respuesta que ofrecía la Junta». El ex consejero señaló que el IFA «no tenía por qué» hacer estudios previos de las ofertas de la compañías de seguros ni el cálculo de las pólizas. Ni siquiera «comprobar que se cumplían los requisitos». «Era función de la Dirección General», alegó. El IFA «con claridad lo que hacía era abonar las ayudas que la Dirección de Trabajo enviaba». Sobre los reparos a la legalidad, Fernández indicó que sólo «se paran los programas si la Intervención ve que es ilegal» y «nunca» recibió advertencias en relación a estas subvenciones. «Sólo debieron advertir discrepancias», dijo, cuando se cuestionó el pago sin control previo del gasto y a través de transferencias de financiación. «Todo lo demás es un debate entre técnicos», indicó, añadiendo que otros programas sí fueron paralizados. El ex consejero aseguró desconocer cómo se fiscalizaban estas ayudas, por lo que tampoco podía conocer el informe de la Intervención emitido en 2005 alertando de que la fórmula empleada era inadecuada. Tampoco nadie le habría mencionado la ausencia de procedimiento para pagar las ayudas hasta 2008, cuando Juan Márquez sustituye a Guerrero. El ex consejero indicó que nunca llevó al Consejo de Gobierno las memorias de control financiero permanente de IDEA, en las que la Intervención apuntaba el déficit que causaba en IDEA el pago de las ayudas. En la negociación de los Presupuestos. Fernández admitió que solicitó más fondos para la partida 31L.