Andalucía

Defensas de los ERE cargan contra la «politización» del caso

Los abogados critican la presencia del PP como acusación y buscan equiparar el sistema de ayudas de la Junta a las que concedió el Gobierno al amparo de la normativa estatal

Con matices entre cada uno de los representantes legales de los acusados, pero una estrategia común se divisa en el horizonte del juicio de los ERE. Por un lado, poner en duda la instrucción –algo lógico en este tipo de situaciones– y, concretamente, la última parte que ha llevado a cabo el magistrado Álvaro Martín, al actuar como juez de refuerzo y no tener, por tanto, capacidad para asumir el caso. Ya lo planteó el martes el abogado defensor de José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano. Ayer se sumó a esta petición el letrado del ex vicepresidente y consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, que solicitó que todas las actuaciones de Álvaro Martín se declaren «nulas» –desde el 27 de enero de 2016 hasta la elevación de la causa a la Audiencia Provincial– pues «no era el juez ordinario». También lo hizo la representación legal de la ex consejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo. Esta cuestión supondría que el juicio fuera declarado nulo.

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La segunda estrategia mayoritariamente planteada por las defensas es desprestigiar la causa en sí misma. Si la Audiencia acepta la instrucción que pilotó el juez de refuerzo, el objetivo es que se considere que los hechos como tales están magnificados por un interés político. «Politización» fue uno de los términos más repetidos ayer. Lo utilizó el abogado de Zarrías y el de Magdalena Álvarez. La presencia del PP como acusación popular es uno los motivos repetidos, ya que consideran que existen intereses extraprocesales para inflar los hechos.

En este sentido enmarcan la petición del abogado del PP de que la presidenta Susana Díaz y el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios declaren como testigos. La presencia de partidos políticos ejerciendo la acusación popular no es una novedad en este caso. El PSOE valenciano ha impulsado varios procesos judiciales y un letrado en su representación interrogó al presidente Mariano Rajoy cuando compareció como testigo en el juicio de Gürtel.

Igualmente, las defensas también se han centrado en rechazar el delito de asociación ilícita ya que fue una solicitud planteada por el PP en su escrito de acusación y asumida por el instructor. El letrado de la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez esgrimió que dicho delito no figuraba en las diligencias previas de 2011 ni en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado. Por tanto, los 22 encausados no han podido defenderse de esta acusación durante la instrucción. Además, consideran que se trata de una acusación inverosímil ya que los 22 altos cargos de distintos departamentos y durante distintas etapas no pudieron ponerse de acuerdo para llevar a cabo hechos delictivos.

Al de la falta de competencia del juez Álvaro Martín y la politización del caso, se suma un tercer argumento recurrente en varias de las defensas. Se trata de considerar que las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta de Andalucía durante el periodo investigado sí tenían cobertura legal, ya que estaban amparadas por la orden ministerial del 5 de abril de 1995. Este línea de defensa no es nueva y ha sido planteada a la jueza María Núñez Bolaños en varias ocasiones en otras piezas que aún están en fase de instrucción. El abogado Carlos Leal, imputado en otras piezas, ha sido uno de los que más ha insistido en esta teoría.

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En este sentido, el abogado del ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero solicitó ayer que se incorporen los «expedientes previos» a la regulación estatal que sostuvo las ayudas a la prejubilación de mineros de la Faja Pirítica de Huelva.