Despido libre y gratis, el «máster» en derecho laboral de las universidades

Carmen es ingeniera industrial, imparte clase en dos facultades de la Universidad de Sevilla. Esta semana ha dejado «colgados» a sus alumnos para reclamar en la calle, mediante protestas y una huelga convocada en principio hasta el viernes, los derechos que la Universidad le niega para ascender de categoría y obtener un contrato con carácter indefinido, después de 12 años ligada a ella. Su situación es similar a la de otros ochocientos docentes de las nueve universidades públicas andaluzas, estancados en su carrera profesional. Su bagaje les garantiza como máximo un puesto como interino, con fecha de caducidad y ningún compromiso de continuidad en la Universidad.

La huelga ha llegado también al campus de Málaga; en Granada, aguardan al avance de las negociaciones para sumarse a las protestas. El jueves próximo todos están llamados a una movilización autonómica para exigir dos cosas: la recuperación de la promoción automática para quienes obtengan la acreditación –evaluando sus actividades docentes e investigadoras y la formación académica– y la reactivación del organismo que se encarga de ello, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), con el sistema cerrado desde enero de 2016 por cambios en los criterios, que se endurecen.

Las figuras contractuales en controversia son las de profesor ayudante doctor y el contratado doctor interino, una salida provisional ésta última que se creó en 2012 para salvar las limitaciones de contratación impuestas por el Gobierno central por los recortes económicos. El convenio de las universidades establece que pueden estar un tope de ocho años ocupándolas; después, los afectados serían contratados de forma indefinida. Los representantes de los afectados en la US denuncian que precisamente el levantamiento de la tasa de reposición del 10% les perjudica, al no haberse podido beneficiar de ello en los años en que les hubiera correspondido mejorar su situación, como se venía haciendo hasta 2012. Sus opciones son limitadísimas: obtienen su plaza de nuevo una vez que salga a concurso o acaban en la calle, sin derecho a indemnización. Ello pese a que para impartir clase han superado previamente un concurso público. «A los laborales más precarizados no nos han permitido continuar con nuestra promoción, nos cercenaron ese derecho», critica Carlos Bueno, portavoz de la Asamblea de PAD y PCDi de la Hispalense. «Hemos concursado para ello y hemos sido evaluados. Son plazas muy competitivas y cuando vuelve a salir a concurso la tuya, si no la consigues, te quedas fuera», lamenta, algo que no ocurre en el caso de los doctores contratados –aunque no la logren, mantienen su vinculación con la Universidad–. «Lo único que pedimos es poder promocionar según nuestros méritos demostrados», insiste.

Precarización es la palabra que más se oye en las reivindicaciones. Un vocablo que condensa contratos basura, sueldos por debajo de la cualificación –sin reconocerlesquinquenios y sexenios– e inestabilidad laboral. Las adhesiones son su principal baza para acabar con el conflicto. Bueno asegura que compañeros y alumnos les están mostrando su apoyo, como quedó patente en la manifestación del pasado jueves en Sevilla. También, dice, se están uniendo otros colectivos como profesores sustitutos interinos. «Se empiezan a despertar del letargo. Si contamos a todos aquellos en precario, afecta a prácticamente la mitad de la plantilla de todas las universidades», indica. El boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, editado por el Gobierno central, corrobora que solo la mitad del personal docente e investigador de las universidades es funcionario: de los 16.402 profesores, 8.109 son personal laboral y se rigen por el convenio colectivo. Desde 2012 la plantilla de funcionarios ha caído en 700 efectivos, mientras que se ha contratado temporalmente a 615, según datos de julio.

El Parlamento aprobó una proposición no de Ley, presentada por Podemos, donde reclamaba adoptar una solución para el colectivo. Las reuniones con los rectores no se han interrumpido; la Junta, preguntada por la cuestión, remite a la Mesa de negociación, cuya última reunión fue en febrero. Todos esgrimen razones para no modificar su postura pero un contundente informe jurídico elaborado por profesores de Derecho de la US sentencia que el bloqueo a la promoción exigiendo acreditaciones de profesor titular, es decir, funcionario, para optar a una plaza de laboral sería ilegal.