«Después de tantos informes, al menos deberían haber tenido alguna duda» sobre las ayudas

La ex interventora niega que las cuentas avalaran un sistema que el autor del Control Financiero Permanente de IDEA ve «totalmente incorrecto»

Rocío Marcos, interventora general de la Junta de 2010 a 2012, concluyó su declaración como testigo en la pieza sobre el procedimiento específico de los ERE. Marcos señaló que en IDEA, que se encarga de los pagos de las ayudas, «después de tantos informes (de la Intervención) al menos deberían haber tenido alguna duda» sobre la legalidad de las subvenciones. La que fuera interventora general de la Junta de Andalucía rechazó que el sistema por el que se concedían y pagaban las ayudas investigadas en el «caso ERE» estuviera avalado legalmente por aparecer en los Presupuestos andaluces. Por su parte, Francisco Nieto Salvatierra, interventor delegado durante casi 32 años e interventor durante dos del Control Financiero Permanente en la Agencia IDEA (entre el verano de 2010 y enero de 2013), señaló que «pagar exclusivamente subvenciones en base sólo a transferencias de financiación no era nada de correcto, era totalmente incorrecto». Sobre el desfase presupuestario, indicó que «era imposible soportar tal distorsión con los fondos». «Lo que no es normal es llamar a 500 subvenciones idénticas, subvenciones excepcionales», manifestó. «Ahí hay una distorsión importante», añadió, al igual que «el hecho de que Dirección de Trabajo asuma más ayudas de las que tenía de presupuesto la partida 31L». Nieto ratificó que con las transferencias de financiación «se impedía la fiscalización previa». «Subvención y fiscalización previa son términos indisolubles».

Las defensas sostuvieron ante Marcos que en los Presupuestos de la Junta aparecía cada año una partida de Empleo destinada a transferencias de financiación al ente público IDEA para ayudas sociolaborales y, por tanto, el sistema era conocido y avalado por una ley que aprobaba el Parlamento. Sin embargo, a preguntas del abogado Juan Carlos Alférez que representa al ex director de IDEA Jacinto Cañete, Marcos opinó «de manera diferente» a su antecesor, Manuel Gómez, uno de los acusados en el juicio. En su opinión, que los Presupuestos aludieran a que esas transferencias de financiación a IDEA correspondían al convenio marco de 2001 que «no estaba publicado en ningún sitio, para un lector normal del Presupuesto no significa nada», recogió Efe. Para Marcos, es «probable» que quienes conocían el convenio entendieran que el sistema estaba «apoyado por los Presupuestos», pero a su juicio no es así pues «que se cite un convenio cuyo contenido no se explicita no permite saber que se está alterando el funcionamiento normal de las transferencias de financiación», es decir, que se están utilizando para un uso distinto al que la ley fija, ya que no se concretaba que las ayudas las daba Empleo y no eran ayudas propia de IDEA.

El ex interventor de Control Financiero Permanente de IDEA indicó que la gestión de las ayudas a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE fraudulentos era «bastante opaca». «No sabíamos –en IFA/IDEA– ni quiénes eran los destinatarios de todos esos fondos», señaló. A su juicio, una subvención excepcional, «si no se acredita en el expediente el derecho y la legitimidad del beneficiario, no se puede tramitar». Además, indicó que «no se podía contabilizar ni en IDEA ni en la Consejería de Empleo».

A preguntas del abogado Juan Carlos Alférez, defensa del ex director de IDEA Jacinto Cañete, indicó que el hecho de que apareciera anualmente en la Ley de Presupuesto la finalidad específica de las transferencias de financiación no suponía que se derogara la Ley de acompañamiento de 2001, pues tenía carácter «permanente». Para el testigo, usar las transferencias para pagar ayudas sociolaborales es «ilegal», porque «no se puede hacer el expediente de gasto en una Consejería sin hacerlo». Así, apuntó que en sus informes optó por la norma de aplicación que señala que la finalidad de las transferencias debe ser genérica, recogió Europa Press. Sobre la encomienda de gestión de abril de 2010 que suponía el cambio de instrumento de financiación por el que se transfería dinero a IDEA para el pago de las ayudas y cuyo expediente de gasto estaba sujeto a la fiscalización previa, el testigo aseguró que fue «ilegítima», ya que una encomienda de 54 millones «no puede tramitarse sin que el Consejo de Gobierno lo autorice».

El juicio continuará este lunes la fase testifical con la declaración de María Teresa Arrieta, quien fuera interventora adjunta a la Intervención General de la Junta en el área de control financiero entre 2005 y 2010.