Detienen a Cañamero tras un acto del SAT y de retar a que fueran a su casa

Conoció la noticia en el campo. Ayer tocó echar la jornada laboral en el «verdeo» de la aceituna y allí se enteró el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, de que el juzgado número 4 de Utrera había ordenado su detención «inminente». ¿El motivo? La denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de El Coronil, municipio en el que reside Cañamero y gobernado por el socialista Jerónimo Guerrero, por los incidentes provocados durante una huelga en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos que se produjo a principios de año y que se prolongó 71 días.

El juzgado investiga el incumplimiento de los servicios mínimos en la huelga de basura y posibles delitos contra la salud pública, los derechos de los trabajadores y obstrucción a la autoridad. En el ámbito de ese proceso ya declararon cinco miembros del SAT y falta Cañamero, quien no atendió en junio la llamada del juzgado. «Me persiguen por todos lados, pero no me escondo de nada», aseveró a LA RAZÓN sobre las 14:30 horas, tras recalcar su condición de «insumiso judicial».

Es más, añadió lo que parecía un órdago: «Mañana –por hoy– estaré en mi casa. Haré mi vida normal», retó. No hubo que esperar a hoy. Un dispositivo de la Guardia Civil «compuesto por dos coches patrulla y un coche camuflado con agentes de paisano», según el SAT, detuvo al líder jornalero al filo de las 19:00 horas en las inmediaciones de Alcalá del Río, cuando regresaba de un acto sindical celebrado en Burguillos. Al cierre de esta edición permanecía en el cuartel de Montequinto, en Dos Hermanas, y se preveía que esta mañana pasara a disposición judicial alrededor de las 9:00. En ese sentido, el alcalde de El Coronil ironizó sobre las «ventajas de la insumisión judicial». «Te niegas a declarar y te ahorras el viaje y el combustible», deslizó para rematar: «Lo llevan y lo traen a los juzgados y no le cae ni una multa».

De otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias previas contra el diputado de IULV-CA –y «por ende» aforado–, alcalde de Marinaleda (Sevilla) y también líder del SAT, Juan Manuel Sánchez Gordillo, por el supuesto uso de fondos del Ayuntamiento para pagar a la empresa Autobuses Morales SL desplazamientos de afiliados y simpatizantes del SAT a «Las Turquillas». Una finca propiedad del Ministerio de Defensa y que la organización sindical ha tomado en varias ocasiones. La denuncia partió del sindicato Manos Limpias, que recogió a su vez manifestaciones del portavoz del PSOE en Marinaleda, Mariano Pradas, quien ha aportado diversa documentación a la causa, además de su propia declaración.

El TSJA estima que «no ha quedado descartada la desviación de fondos públicos para sufragar una actividad ajena a las competencias de la Administración municipal», lo que, a juicio del Alto Tribunal andaluz, «podría constituir un delito de malversación en el que podría haber participado el diputado Sánchez Gordillo», quien niega esas acusaciones.