Díaz paga peaje en la Cámara por mantener en marcha su tren nacional

Repele las críticas con el anuncio de que devolverá todos los ajustes aplicados a los funcionarios. Los sindicatos esperan desde julio un calendario concreto de restitución de derechos.

La presidenta de la Junta volvió ayer a medirse en el Parlamento con los líderes de la oposición. Cincuenta días después –la última vez fue en vísperas de Nochebuena– y con el foco encima por las negociaciones para formar Gobierno. Si la presidenta andaluza cogerá o no el tren nacional sigue siendo la principal incógnita y la conversación estrella dentro y fuera de bambalinas. De hecho, una legión de periodistas y medios gráficos estaban ayer apostados en el patio de entrada a la Cámara para preguntar a Díaz por los declaraciones de Felipe González en un programa de televisión. González aseguró que si estuviera en la piel de Díaz no se embarcaría en ninguna aventura nacional. La presidenta, zafándose como podía de la prensa, dijo que agradece al ex presidente del Gobierno, con el que estuvo ayer desayunando, que piense en lo «mejor» para ella. Pudo parar el runrún de ese tren nacional, pero de momento prefiere dejarlo en marcha.

El difícil equilibrio de Díaz, como baronesa nacional y máxima responsable de la Junta, le está pasando factura. El presidente del PP-A, Juanma Moreno, lo tuvo ayer más fácil que en otras ocasiones para abrir algún que otro portillo en la bancada socialista. «En las últimas semanas ha ido desapareciendo la presidenta de la Junta y ha aparecido la secretaria general de los socialistas», le reprochó Moreno, quien también le afeó que haya tenido tiempo para reuniones e intrigas y no para recibir a colectivos que hace tiempo que esperan una respuesta como la plataforma de atención temprana. Sin éxito le preguntó el presidente de los populares andaluces cuándo se celebrará el debate de política general que por calendario, según el compromiso adquirido por Díaz de comparecer dos veces al año, tocaba en enero. «A usted –le espetó Díaz en el turno de dúplica– le falta valor y a mí me sobra coraje para defender a mi tierra dentro y fuera de mi partido».

La estrategia de Díaz fue muy clara y no le salió mal. Trató de repeler las críticas con anuncios que a la hora del almuerzo suelen convertirse en carne de titular. Sin que nadie le preguntara, la presidenta andaluza avanzó en una respuesta a Elena Cortés (IU) que Andalucía se ha ajustado al objetivo de déficit en 2015 –cuando en realidad la región lo ha incumplido por una décima (el 0,8 frente al 0,7 por ciento) si se suma la liquidación de la financiación de 2013– y que devolverá a los empleados públicos todos los derechos que «la crisis se ha llevado por delante».

Este último compromiso es el más llamativo. Sobre todo por el tono electoral que rara vez se da en un momento como el actual. Esto es, con los Presupuestos recién aprobados y sin ninguna cita con las urnas a la vista que –de momento– ataña a la presidenta. Los derechos recortados a los empleados públicos han sido muchos y la devolución implicaría un impacto de cientos de millones de euros a las arcas de la comunidad. Hay que tener en cuenta que los funcionarios andaluces, a diferencia de los del Estado, sufrieron el recorte de la mitad de las pagas extras de 2013 y 2014. Este mes recibirán el 25 por ciento de la paga de Navidad eliminada en 2012, pero es que aún faltaría otro 75 por ciento. Andalucía va a ser la última comunidad en pagarlo. Hay regiones como Extremadura que ya han reingresado el cien por cien, mientras que Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid han pagado el 75 por ciento. La devolución en el planteamiento general de todo lo que «la crisis se ha llevado por delante» incluiría otros recortes como el 5 por ciento salarial aplicado por Rodríguez Zapatero. La Junta no lo tendría fácil para cuadrar un desembolso de este tipo en lo que resta de legislatura.

La presidenta se reunió de hecho con los principales líderes sindicales el pasado 15 de julio en San Telmo y les prometió un calendario para la devolución de derechos. Sin embargo, los sindicatos, que no pudieron cerrar ningún compromiso de calado en la reunión de la semana pasada de la Mesa General, aún siguen esperando. Sólo la devolución del 25 por ciento de la extra de 2012, la restitución de la jornada al 100 por cien de los eventuales del SAS, y el incremento del 1 por ciento en la nómina de los funcionarios supondrá un impacto de 370 millones de euros, según la estimación que hizo la propia presidenta andaluza. Hay que tener en cuenta que a la Junta le costó introducir la rebaja del IRPF que va a tener un impacto inferior, de 120 millones de euros, y ha pospuesto otras medidas al no salir de momento las cuentas, como la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Guante blanco de C’s para el deshielo de relaciones con el PSOE

El líder de Ciudadanos, Juan Marín, preguntó ayer a Susana Díaz en el Parlamento sobre las tareas que ha hecho la Junta y que debe hacer en materia de lucha contra el fraude fiscal. Fue un duelo de guante blanco entre los máximos responsables de los dos partidos que posibilitaron que Díaz fuera investida presidenta el pasado mes de junio y que apoyaron los últimos Presupuestos.

Si tenía algún aliciente el intercambio dialéctico era por las declaraciones de Juan Marín el miércoles, cuando aseguró que se había producido un «enfriamiento» en las relaciones entre los dos partidos debido a los roces por la comisión de investigación de los cursos que se está llevando a cabo en el Parlamento. Ciudadanos, tras una reticencia inicial, pidió que Susana Díaz compareciera y esta misma semana ha apoyado que sea la última en declarar pese a barajar el propio Juan Marín que rompiera en primer lugar el turno de declaraciones.

Juan Marín no se salió del guión estrictamente institucional de ocasiones anteriores. Sólo levantó la voz para pedir la modulación del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Juanma Moreno, en su intervención, aprovechó para reprocharle que no fuera éste uno de los requisitos indispensables para dar el apoyo a las cuentas de 2016. El PP ha emprendido una campaña de recogida de firmas para forzar la rebaja.

«Tener el impuesto de Sucesiones más alto de España no reporta más ingresos», dijo Marín al referirse a los miles de andaluces –40.000 según C’s, 4.000 según la presidenta andaluza– que han cambiado su domicilio fiscal a otras comunidades para pagar menos impuestos. La diferencia en el impuesto de Sucesiones es muy notable en Andalucía. En otras comunidades como Madrid está bonificado en un 90 por ciento.

Lo que pide Ciudadanos, y lo está negociando en la mesa de trabajo que mantiene con el PSOE, es que las rentas de hasta 350.000 euros estén exentas del pago, frente al umbral de 175.000 euros actual. En este terreno no hay, de momento, ningún acuerdo cerrado entre ambas formaciones. En relación a la lucha contra la economía sumergida que esgrimió Marín, la presidenta andaluza aseguró que la Junta ha conseguido aflorar 522 millones de euros entre 2013 y 2015, mientras que el objetivo es conseguir otros 400 hasta 2018.

Haya o no enfriamiento en la relación entre los dos socios de Gobierno, o haya comenzado ya el deshielo, lo cierto es que no fue precisamente un debate acalorado el que tuvo Susana Díaz con Juan Marín.