Dinero público sin control en Andalucía: una de cada tres instituciones oculta sus cuentas

El 35% de las entidades locales no han sido fiscalizadas. Sólo una de cada diez cumple la Ley y las presenta en plazo.

La gestión del dinero público debería ser también pública. Una perogrullada que en Andalucía, la comunidad con mayor número de organismos de este tipo, se incumple de manera sistemática en un alto porcentaje. En el último ejercicio por el que debieron presentar sus cuentas para su control ayuntamientos, Junta y entidades dependientes de éstos, el de 2014, incumplieron su obligación el 35%. De hecho, solo el 9% las trasladó a la Cámara de Cuentas en el plazo que estipula la Ley, antes de noviembre del siguiente año, según los datos recogidos en el Observatorio de Rendición estatal.

Andalucía encabeza esta clasificación negativa en España, donde la siguiente comunidad menos cumplidora es Castilla-La Mancha, con un 77% -aunque el 44% lo hizo dentro del plazo fijado-. Del resto de comunidades, cuatro se encuentran actualmente por encima del 80% de cumplimiento y otras nueve superan el 90%.

Andalucía es tradicionalmente la región en la que menor transparencia ofrece su sector público. Todavía hay entidades que tres años después no han presentado ni el ejercicio 2012 ni el 2013, en concreto el 16 y el 19 por ciento, respectivamente. La tendencia es además negativa porque el porcentaje de organismos públicos que cumplen con la Ley y reportan sus balances en plazo se ha reducido en ese tiempo a la mitad: del 18,8% en 2012 al 9% de este año.

En el resto de comunidades, la rendición de cuentas se sitúa por encima del 90%, excepto en Castilla-La Mancha, que roza esa cifra.

Las estadísticas referidas a 2012, 2013 y 2014 revelan que 304 ayuntamientos y mancomunidades andaluces no entregaron sus balances. En Almería, son 14 ayuntamientos y 6 mancomunidades las incumplidoras en los tres últimos ejercicios y 51 que al menos no han remitido alguno de esos años sus cuentas para ser fiscalizadas; diez ayuntamientos y dos entidades más de Cádiz tampoco se han sometido a control de un total de 43 incumplidoras; en Córdoba el balance es de 6 de 30; 14 ayuntamientos granadinos y 14 mancomunidades ocultan sus cuentas desde 2012 de 46 totales; 12 en Huelva de 37; en Jaén 6 de 28, entre los que se encuentran la capital y Linares; la provincia de Málaga condensa 44 organismos, la mayoría ayuntamientos, de los que siete no las han presentado ningún año. Marbella, con 2014 sin presentar, protagonizó uno de los casos más sonados durante al era del GIL, cuando fue denunciada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por negar reiteradamente el acceso a información a los auditores. Por último, Sevilla es la que más entes opacos reúne con 62, ignorando 29 por completo sus obligaciones con el órgano fiscalizador. En general, son las mancomunidades las que mayores obstáculos interponen para el análisis de su gestión, favoreciendo la opacidad y dificultando la detección de irregularidades por parte de los funcionarios.

La Cámara de Cuentas ha lamentado en reiteradas ocasiones la falta de colaboración de determinados organismos ante lo que supone un grave incumplimiento de la Ley que no acarrea, sin embargo, sanción alguna para dichas entidades. Para facilitar este trámite, en 2008 se articuló una norma que permite resolverlo telemáticamente, a través del portal de la Cámara.

El sector público lo componen la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y sociedades mercantiles; así como los consorcios y fundaciones; las Corporaciones Locales y organismos autónomos y empresas públicas dependientes de ellas y las universidades. En total, 1.698 entidades que complican la labor fiscalizadora de los alrededor de sesenta auditores y técnicos de los que dispone el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de los entes locales. La propia ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía establece que el ejercicio de la función fiscalizadora se llevará a cabo mediante el examen y comprobación de las cuentas de las corporaciones locales. La desidia de los gestores públicos devuelve a la actualidad el debate de la necesaria reforma del Reglamento de la Cámara, que el Parlamento aun tiene pendiente abordar, para dotarla de herramientas que no permitan escapar al control a las instituciones a su antojo. Otro de los inconvenientes con los que topa la Cámara es la disparidad de criterios con la Junta de Andalucía para fijar qué organismo, empresas o fundaciones son públicas y cuáles no. Pese a que ésta fijó el criterio de la dependencia mayoritaria de fondos públicos, el Gobierno andaluz continúa esquivando el control externo en algunas de ellas.

El correcto cumplimiento por las entidades locales andaluzas de la rendición de cuentas exige una doble obligación de presentar sus cuentas generales ante el Tribunal de Cuentas y ante la Cámara de Cuentas de Andalucía. Con idea de superar esta doble obligación para las entidades locales andaluzas ambos organismo firmaron un convenio de colaboración para la implantación de medidas de coordinación de la rendición telemática de las cuentas generales, evitando así la duplicidad en las actuaciones.