Dinero transferido al grupo de Ojeda acabó en libretas bancarias de ahorro

El juzgado reclama, a petición de la Guardia Civil, más datos sobre nueve cuentas del entramado

La Guardia Civil trata de saber si el «canal económico» que siguieron los fondos de la Junta concedidos al entramado del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda estaba torcido. En un oficio elevado al juzgado sevillano que instruye la «macrocausa» sobre los cursos de formación subvencionados, el número 6 que capitanea María Núñez, la Unidad Central Operativa (UCO) pide a la jueza que requiera a una entidad bancaria datos sobre nueve cuentas ligadas al «enjambre Ojeda», pero antes le explican lo ya actuado en la pieza centrada en los más de 33,30 millones que aquél recibió para formar a los ex trabajadores de Delphi tras el cerrojazo de ésta a su factoría de Puerto Real, en la bahía de Cádiz. Recuerdan que uno de los objetivos de sus pesquisas era averiguar si «se habían aplicado de manera correcta los fondos públicos otorgados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a las asociaciones controladas» por el ex consejero para lo que se reclamaron ya datos bancarios en 2015 como movimientos de cuentas y contrapartidas de transferencias «realizadas por importe superior a 300 euros». Tras el análisis de esa información, aún sin concluir, los investigadores han constatado que las entidades hilvanadas a Ojeda han transferido «la mayoría de los fondos públicos” a otras vinculadas “a las que supuestamente les adquieren todos los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos formativos del plan Delphi». Unos entes que, administrados «de hecho por la persona de Ángel Ojeda», se asevera en el informe policial, «forman parte del Grupo Prescal, el cual estaría siendo, por consiguiente, el principal destinatario» de las ayudas del Ejecutivo autonómico. Y hay más entresijos que la Guardia Civil ya da por buenos. Relatan a la instructora que un porcentaje de las transferencias emitidas a Prescal tenía un destino: «cuentas tituladas» de un banco, que eran «todas libretas de ahorro», a lo que se suma que las salidas hacia ellas solían producirse «escasos días después de recibir los pagos» de las ayudas, así como que «los conceptos de las transferencias aparecen en blanco, es decir, no hacen referencia, como en otros casos, al pago de facturas». Las cantidades transferidas superan los 7,4 millones, según la UCO, para la que debido a que éstos proceden de subvenciones excepcionales otorgadas para ejecutar el plan Delphi y que «los movimientos identificados no hacen referencia en sus conceptos a pagos relacionados con el fin para el que fueron concedidos»; resulta necesario continuar con «el estudio del canal económico de los mismos» para «esclarecer el destino último aplicado a ellos». Por ello piden a Núñez que demande a la entidad bancaria que aporte nueva información. Ésta incluye identidad de titulares y autorizados, teléfonos de contacto y direcciones postales, flujos en las cuentas en los ejercicios de 2007 a 2012 y datos de las «contrapartidas» sobre transferencias, cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo y remesas de cheques, con la indicación tanto del emisor como del beneficiario de los mismos en cada caso, de acuerdo a lo detallado en el oficio, fechado el pasado 25 de mayo y del que ya se ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes personadas.

Tras conocer los nuevos pasos de la Guardia Civil, fuentes del entorno de la defensa del ex titular de Hacienda recordaron que éste defiende que «todos los cursos Delphi se impartieron en su integridad» por cinco de sus asociaciones, que el dinero «se empleó exactamente en dar cumplimiento al fin de la subvención» y que cada euro percibido «está plenamente justificado, contabilizado, revisado por la autoridad fiscal y acreditado» por lo que, «por más que se analicen las cuentas corrientes» del quinteto de entes, «el resultado siempre, a efectos de la investigación, habrá de ser el mismo».