Diputaciones y fiscalidad

A Diego Cañamero, dirigente histórico de la lucha jornalera, se le pueden reprochar un millón de actuaciones a lo largo de su dilatada vida como activista, pero está claro que lo dotó Natura con el don de la elocuencia. Su último sucesor en la alcaldía de El Coronil, José López, es uno de los centenares de socialistas que han pacido, pacen y pacerán en la Diputación de Sevilla, un chiringuito que dedica más del 80% de su presupuesto al pago de salarios, casi todos a trabajadores (¿...?) afines al partido que la gobierna desde 1979. Lo que viene siendo una agencia de colocación. Declara a este digno papel: «Esto es corrupción, es utilizar las instituciones públicas como un banco privado para financiar a los que se arriman al PSOE». Ha desentrañado con una sola frase, a pesar de que a veces se enreda con esa verborrea que gastan los buenos marxistas, el nudo gordiano de la política andaluza en los últimos cuarenta años. Joaquín Sabina se apropió para su padre de la historia apócrifa de aquel ciudadano perplejo que, en el lecho de muerte, todavía se preguntaba de dónde demonios salía el dinero de las diputaciones. Pues puede estar el lector seguro de que lo hace de su bolsillo por las distintas vías impositivas que, por más que se empeñen las bienintencionadas (o demagógicas) campañas publicitarias de la Agencia Tributaria, sirven más para pagar pingües sobresueldos a los joselópeces que para equipar hospitales y pavimentar carreteras. De ahí que toda maniobra, en el borde interno o externo de la norma, conducente a minimizar el impacto de la confiscación fiscal sea, lejos de una artimaña censurable, un imperativo moral para el contribuyente neto (los pocos que vamos quedando), cuyo dinero siempre reporta a la sociedad más beneficios en el circuito privado que en el sumidero público.