Directivos del SAS cobrando de más mientras la plantilla sanitaria perdía 7.733 profesionales

La Cámara de Cuentas detecta 109 casos de cargos sanitarios con salarios por encima de límites impuestos en el año 2013. El SAS imputa 4.643 bajas a la jornada de 37,5 horas, las más de 3.000 restantes a recortes propios entre 2011-13

En el año 2013, concretamente en septiembre, Susana Díaz accede a la presidencia de la Junta de Andalucía; son tiempos aún de bipartito PSOE-IU –que la lideresa socialista rompería después–, tiempos de profunda crisis económica. Y de una gestión de recursos «sin el suficiente control» al menos en sanidad, según corrobora la Cámara de Cuentas. En su informe de «Fiscalización sobre determinadas áreas de gestión de recursos humanos del sector sanitario público de Andalucía» correspondiente a ese ejercicio, plantea el reintegro de más de dos millones de euros en retribuciones a más de cien directivos que superaban el límite establecido, todo ello mientras la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) decrecía en 7.773 profesionales entre 2011 y 2013 (un 8,22%). Un deterioro de la sanidad que ha llevado a la movilización ciudadana y a una reciente renovación de toda la cúpula directiva.

La Cámara detecta estos incumplimientos sobre un estudio de alcance limitado del sector sanitario público andaluz -sólo se analizan cinco hospitales: Reina Sofía, Virgen de las Nieves, Regional de Málaga, Virgen del Rocío y Virgen Macarena- lo que permitiría multiplicar los resultados sobre un cien por cien. Ni la propia Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales pudo facilitar el número y tipología del personal del área de salud (sólo estimaciones de gasto sobre una plantilla con 97.000 efectivos en 2013, sin contar el personal temporal) limitando las pruebas de auditoría.

El informe hace referencia a «acuerdos de gestión» que incluyen pactos retributivos fuera de convenio, principalmente en las agencias, en los que «se han obviado» trámites previstos en la Ley de Presupuestos de 2013, en la de la Administración de la Junta y en la normativa laboral. En 2012 el Ejecutivo andaluz implantó un plan de ajuste y fijó un tope a los sueldos de sus directivos de las entidades públicas para cumplir con el objetivo del déficit. Así, el órgano fiscalizador detecta dos contratados en la Consejería de Salud y en otros dos en los servicios centrales del SAS, con un exceso retributivo de 28.784,44 y de 34.126,84 euros, respectivamente. En los cinco grandes hospitales públicos seleccionados se han detectado incumplimientos en ocho contratados, con un exceso salarial de 40.734,52 euros. Y en las agencias empresariales públicas, la Cámara señala a cuatro directivos y a 93 cargos intermedios, con un exceso de ingresos total de 2,02 millones.

El aval de la Intervención

«En todos estos supuestos la Consejería, el SAS y las APEs, en aplicación de la normativa vigente, deberían haber procedido a la iniciación de procedimientos de reintegro por los importes satisfechos en exceso. No obstante, a la fecha de finalización de los trabajos de campo, dichas entidades aún disponían de plazo para el inicio de dicho trámite», señala el informe.

La Consejería de Salud aseguró en respuesta al informe que todas las nóminas de los altos cargos del sistema sanitario público andaluz «cumplen con la legalidad y han sido fiscalizadas previamente por la Intervención General de la Junta de Andalucía». La administración admite que «existe disparidad de criterios entre las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y la Intervención General sobre el límite retributivo para los altos cargos, ya que desde la Intervención General se entiende que hay que excluir conceptos como la antigüedad o el complemento de carrera profesional, complementos variables, legales y asociados a la trayectoria de los profesionales», insistiendo en que los sueldos de altos cargos cumplen la ley.

El órgano fiscalizador pone la lupa también en la selección de los directivos –cuestiona incluso los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación– y propone el desarrollo de una normativa que defina la figura del directivo y su relación contractual con la agencias.

Del mismo modo, destaca la incidencia en más de mil personas de los denominados contratos encadenados, que en la práctica podría suponer un fraude de ley pues afectan a trabajadores que podrían adquirir la condición de indefinidos. La media de personal eventual en 2013 se situó en 8.538 efectivos, de los que 5.851 correspondían a los denominados «eventuales estructurales» y 1.102 a los contratados por acumulación de tareas.

El segundo punto más llamativo del informe hace referencia a la reducción de la plantilla. Entre 2011 y 2013 se redujo en 7.733 empleados. El SAS imputa 4.643 bajas a los efectos de la aplicación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas –ayer, en cambio, cifró en 3.100 las contrataciones por la vuelta en enero a las 35 horas, ahora suspendidas cautelarmente por el TC– . Las mayores reducciones se dieron en enfermería (1.919 menos) seguida de administrativos (1.609); facultativos (1.286) y auxiliares de enfermería (1.266). Esta reducción de personal se tradujo en un recorte de las obligaciones reconocidas de 5,25 millones entre 2011 y 2013, lo que representa el 7,26%.

En el SAS, las obligaciones reconocidas en el capítulo de Personal bajaron el 12,64% entre 2011 y 2013, mientras que la reducción media del gasto de personal de las cinco agencias públicas empresariales sanitarias fue del 8,07%, y la de la Consejería, del 7,26%.

Cesión de empleados con difícil encaje

El informe también hace referencia al «uso indebido de la adscripción temporal», personal en su mayor parte administrativo que trabaja en un centro y cobra de otro. Esta situación se ha convertido en habitual y el SAS cree que tiene encaje en el Estatuto Marco del Personal, pero la Cámara insiste en que podría darse una cesión ilegal.