Doñana: intereses privados en la «catedral del mundo salvaje»

Doñana, en Huelva, es parque nacional, Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera y Humedal Ramsar. Sin embargo, a finales de 2012 saltó a los titulares por los vertidos de toneladas de aguas residuales en los arroyos del espacio protegido y la marcha del ex presidente del Consejo de Participación, Felipe González.

Doñana, en Huelva, es parque nacional, Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera y Humedal Ramsar. Sin embargo, a finales de 2012 saltó a los titulares por los vertidos de toneladas de aguas residuales en los arroyos del espacio protegido y la marcha del ex presidente del Consejo de Participación, Felipe González; y a comienzos de 2013 lo ha vuelto a hacer por el proyecto para almacenar gas en su subsuelo que promueve la empresa de la que González es consejero independiente, Gas Natural. Un plan que, para colectivos conservacionistas, «pone en riesgo el futuro» del coto onubense, catalogado como Parque Nacional desde 1969.

Estas organizaciones están dispuestas a dar la batalla para que la función principal de Doñana «continué siendo la conservación y no el uso industrial».

En ese sentido, el portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Romero, adelantó ayer a LA RAZÓN que el colectivo al que pertenece pedirá en los próximos días que se convoque «con carácter de urgencia» el Consejo de Participación, órgano rector del espacio natural, «para que se proponga un nuevo presidente –desde la marcha de Felipe González en diciembre ostenta la Presidencia el consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas– y, sobre todo, para tratar la amenaza que supone para el espacio protegido el proyecto de Gas Natural», señala.

Romero explica que «el suelo de Doñana es de especial protección y no tiene la calificación de uso industrial», por lo que adelanta que dejarán claro en esa futura reunión del Consejo y «en donde haga falta» que «si las administraciones conceden a la empresa la autorización para llevar a cabo el proyecto que plantean, se prevaricará y acabaremos en los tribunales». «Serán los juzgados los que decidirán si es legal o no», lanza. Al margen de que, con anterioridad, recurran a instancias europeas para intentar frenar la ejecución anunciada.

El histórico portavoz lamenta que «se vaya a permitir que la compañía en cuestión se ahorre los costes que supondría crear infraestructuras para el almacenamiento de gas», similares a «los tanques metálicos que tiene Enagás en el puerto de Huelva», ejemplifica. «Se van a anteponer intereses privados –añade– por encima del interés general que supone la conservación de la catedral del mundo salvaje que es Doñana».

En la misma línea, desde WWF defienden que la utilización de la zona como almacén subterráneo de gas implicaría el uso industrial de un terreno que está calificado por la propia Administración como de máxima protección en Doñana. Esta organización considera que la citada compañía dispondrá de manera permanente de un terreno público, «ahorrándose los costes de construcción de unas instalaciones en superficie, sin ni siquiera ofrecer medidas compensatorias», mantienen en sintonía con Ecologistas. Creen que la actuación prevista sería un despropósito, por cuanto existen alternativas, otros emplazamientos, que no supondrían un peligro para «un espacio tan importante» como el onubense. Y hay más: denuncian que los informes emitidos por el Ministerio del ramo no se refieran al impacto ambiental «del conjunto de los proyectos de gas, sino que se evalúen por separado, aunque todos ellos estén relacionados entre sí y afecten al mismo espacio». En ese sentido, el miembro de WWF y responsable de la Oficina para Doñana, Juan José Carmona, asevera que «se está incumpliendo la normativa europea de evaluación y protección ambiental al haber fragmentado el proyecto en varios».

Comparte con Romero la idea de convocar en breve al órgano rector del parque, «dado que la reunión ordinaria sería en junio». Pero menciona otro encuentro que se producirá el miércoles 6.

Ese día se encontrará la Comisión de Biodiversidad –con representantes de las tres administraciones, la Estación Biológica de Doñana y agentes económicos y sociales como los ecologistas– «en la que saldrá el tema». De hecho, avanza a este periódico que pedirá información sobre los nuevos Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Plan Rector de Gestión del Espacio Natural (PRUG).

«Estaremos atentos –desliza– para que no haya cambios en esos instrumentos en relación al nivel de protección del área». Ahora el suelo implicado en la iniciativa de Gas Natural está dentro de la denominada Zona A, la más protegida.

Según ha podido saber este diario, WWF, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Greenpeace y Amigos de la Tierra incluirán en el orden del día de una reunión que se celebrará en unos días en Madrid la polémica iniciativa. Tras la «cumbre verde», WWF enviará una carta a la Junta para solicitar que no emita el certificado de «no afección a la Red Natura 2000». Se dirigirán también a la Comisión Europea y a la Unesco. Ya han pedido la implicación del organismo que vela por la protección de los Humedales de Importancia Internacional, el Convenio Ramsar.