Dos jueces, la Fiscalía y los interventores no son suficientes

La Junta de Andalucía parece ajena a las investigaciones judiciales que señalan el mal uso que la administración ha dado durante una década a las transferencias de financiación a sus empresas públicas. El portavoz del Ejecutivo regional Miguel Ángel Vázquez, insistió ayer tras el Consejo de Gobierno en su «legalidad», ya que, según aseguró, es un mecanismo de «uso corriente» en las administraciones públicas, incluyendo a la Unión Europea, que la usa para el reparto de sus fondos.

Las palabras de Vázquez no van al fondo del asunto. Nadie ha cuestionado las transferencias de financiación en sí mismas; lo que se considera irregular es que se utilicen para otorgar subvenciones excepcionales o encomiendas de gestión.

Así lo mantienen la juez Mercedes Alaya y el magistrado Juan Gutiérrez Casilla, titulares de Instrucción 6 y 16 de Sevilla que investigan el «caso ERE» y a la empresa pública de capital riesgo Invercaria respectivamente. Éste último ha abierto diligencias separadas para analizar si ocho entes públicos de la Junta han utilizado las transferencias de financiación con la «tramitación administrativa procedente, sometida a fiscalización previa con análisis diferenciado». Las ocho empresas afectadas son: la Radio Televisión de Andalucía, la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), la Agencia de Promoción Exterior (Extenda), la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), la Empresa Pública de Deporte Andaluz (Epdasa), la Empresa de Gestión de Infraestructuras (Giasa) y Turismo Andaluz (Turasa).

Las investigaciones de ambos magistrados están avaladas por el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público señaló al juez de Invercaria en la solicitud que motivó las nuevas líneas de investigación que «del examen del tratamiento contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación recibidas, se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para el envío de fondos a aquellas». Y apuntaba que «de forma indebida, el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y fiscalización previa».

A todo ello se suman las reiteradas advertencias de la Intervención General de la Junta de Andalucía. El máximo órgano de control interno señaló en reiteradas ocasiones que la utilización de las transferencias de financiación por parte de distintas consejerías no era la correcta. Estos informes llegaron incluso al Consejo de Gobierno, que hizo caso omiso a estas denuncias.

Ante la nueva deriva judicial que afecta a varios departamentos, el portavoz del bipartito prometió que «habrá una colaboración colectiva del Gobierno».