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Ecologistas exige ceses y anular autorizaciones

La asociación pide a la Junta que destituya a Salvador Camacho por su participación en la adjudicación «fraudulenta» de la mina de Aznalcóllar

  • Vista de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) / Foto: Manuel Olmedo
    Vista de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) / Foto: Manuel Olmedo

Tiempo de lectura 2 min.

12 de octubre de 2019. 13:47h

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larazon.es 12/10/2019

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Ecologistas en Acción pidió a la Junta de Andalucía más ceses por la concesión de la explotación de la mima de Aznalcóllar (Sevilla) tras la reapertura del caso por los juzgados, así como la suspensión de las autorizaciones ambientales para reabrir la explotación minera.

La asociación anunció en un comunicado que pedirá a la consejera Carmen Crespo el cese inmediato del secretario general de la delegación territorial de Sevilla, Salvador Camacho, imputado como representante de la Consejería de Medio Ambiente en la Mesa de Contratación que adjudicó «fraudulentamente» el concurso minero.

Ecologistas en Acción «exige» al Gobierno de la Junta de Andalucía, formado por PP y Ciudadanos, que «demuestre que no comparte y no pretende dar continuidad a los procedimientos fraudulentos y corruptos que en materia de minería desarrollaron los gobiernos del PSOE durante décadas, y en particular el Gobierno de Susana Díaz».

La asociación aseguró que Díaz «amparó el sospechoso» procedimiento de adjudicación del concurso minero de Aznalcóllar a Minorbis-Grupo México, resuelto «a toda prisa» el 25 de febrero de 2015 por la entonces Directora General de Minas, María José Asencio, para que el PSOE pudiera «vender» la reapertura de la mina en la campaña electoral de marzo de 2015. Ecologistas en Acción afirma que el actual Gobierno mantuvo a toda la cúpula minera del PSOE, empezando por la Secretaria General, Natalia González Hereza, que trabajó durante años a las órdenes de Asencio, imputada judicialmente.

La asociación recordó que el juzgado de Instrucción 3 de Sevilla recordó ampliar las diligencias previas a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales, que se suman al tipo inicial de prevaricación, por la resolución del concurso minero.

El auto del juzgado se dictó tras la orden decisión la jueza de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya de reabrir las investigaciones. La jueza de instrucción también citó, en condición de investigados, a todos los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación de ese concurso minero.

Entre los citados se incluye a Vicente Fernández, anterior secretario general de Industria de la Junta de Andalucía cuando se resolvió el concurso.

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