El archivo de UGT-A guardaba expedientes financiados por la UE

El Fondo Social Europeo ha aportado dinero para los cursos de formación bajo sospecha

Una ingente documentación. El archivo central de UGT-A se encuentra en la sede de la Fudepa en Córdoba. Sobre estas líneas, documentos de una de las remesas enviada desde la dirección central, donde se archivan en un primer momento en un «búnker» con armarios ignífugos que posee la organización. La Guardia Civil requisó numerosas cajas con información
Una ingente documentación. El archivo central de UGT-A se encuentra en la sede de la Fudepa en Córdoba. Sobre estas líneas, documentos de una de las remesas enviada desde la dirección central, donde se archivan en un primer momento en un «búnker» con armarios ignífugos que posee la organización. La Guardia Civil requisó numerosas cajas con información

Sevilla- La numerosa documentación incautada por la Guardia Civil en los registros a las sedes de UGT-A puede tener repercusión en la Unión Europea. Los fondos comunitarios han financiado numerosas acciones formativas que ha gestionado el sindicato en la comunidad. Según un memorando al que ha tenido acceso este periódico, en el archivo central de UGT-A en Córdoba se custodiaban numerosos expedientes relacionados con programas comunitarios.

Se trata de un listado con cajas enviadas a Córdoba desde la dirección regional del sindicato en 2010. Arriba aparece el enunciado «departamento de justificación» e incluye con detalle el material remitido a la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), sede del archivo central. Sólo en esa remesa, aparecen reseñadas 63 cajas: algunas de ellas contienen varios expedientes. Para hacerse una idea del volumen de documentación depositada en la Fundación ugetista, este periódico constató que el expediente de una de las ayudas mal justificadas y que la Junta ha anulado contenía 408 apuntes contables.

Entre las cajas remitidas hay varias justificaciones de fondos del programa Equal. Se trata de una iniciativa del Fondo Social Europeo que tiene por objeto «la creación de más y mejores puestos de trabajo y garantizar que no se impida a nadie el acceso a los mismos». Hay que pasar un exhaustivo filtro para justificar esos fondos. En España, según la guía de presentación de proyectos Equal, la labor de fiscalización está encomendada a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (Uafse), adscrita a la Dirección General de Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo de la Secretaría General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Si la juez Mercedes Alaya descubre que los fondos han sido desviados para gastos ajenos a la subvención, el caso también salpicaría a otras administraciones.

También figuran distintas ediciones del programa de formación profesional ocupacional «Forman», igualmente gestionado, entre otros, por UGT y con dinero proveniente del Fondo Social Europeo. Es el caso del expediente 541/05 «Forman XVIII» o el 600/06 «Forman XIX». Existen indicios de que UGT ha desviado fondos de este programa a gastos propios de la estructura de la organización a través de facturas presuntamente falsas. El caso está denunciado en los juzgados de Sevilla por el colectivo Manos Limpias.

Junto a esos expedientes hay otros financiados por la Junta de Andalucía y que el Ejecutivo andaluz ha dicho que no piensa revisar. La labor fiscalizadora del actual Gobierno se ha limitado al periodo comprendido entre 2009 y 2012. Sin embargo, y pese a los indicios existentes, se quedan fuera otras ayudas. Es el caso de expedientes como el 601/06 sobre «negociación colectiva»; el 703/07 de «difusión del VI Acuerdo»; o el 704/07 «Organización sindical». LA RAZÓN ha documentado un presunto desvío de fondos en ayudas de este tipo correspondientes a otras anualidades.

Todos los papeles recabados en Córdoba por los agentes de la Guardia Civil tendrán que ser ahora cruzados con los datos obtenidos en los servidores informáticos del sindicato. Los correos electrónicos con las instrucciones para los proveedores son clave en la información publicada en los medios de comunicación. Dentro de la «operación Cirene», el Instituto Armado efectuó un registro el pasado jueves que se prolongó durante más de diez horas y que concluyó de manera exitosa con el clonado del servidor central telemático, uno de los principales objetivos de la Benemérita.

La segunda parte de la operación concluyó el viernes con el registro de Córdoba, donde se agolpan miles de expedientes de formación.

La juez Alaya investiga el presunto desvío de fondos de los cursos de formación y la financiación irregular del sindicato en Andalucía en una pieza separa del «caso de los ERE» y que se encuentra bajo secreto de sumario. La dimensión del asunto prevé, de nuevo, una larga instrucción por parte de la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.