El Ayuntamiento de La Rinconada creó un «traje a medida» para aplazar la deuda del promotor afín

El empresario del terreno en Chipiona no podía pagar la finca municipal recalificada

Las rarezas y coincidencias en el urbanismo de La Rinconada (Sevilla) no terminan en la compra de una parcela fuera del término municipal propio junto a un empresario afín al que se le recalificó en paralelo un terreno rústico en el municipio. Tampoco en que la parcela propiedad municipal de Chipiona en cuestión, proyectada como apartotel para los rinconeros, acabara siendo utilizada como aparcamiento del hotel del mismo promotor con un rédito de poco más de 3.500 euros anuales. En julio de 2012, el Ayuntamiento de La Rinconada, con Javier Fernández como alcalde, realizó lo que puede calificarse como un «traje a medida» para el empresario Joaquín Guerrero, que, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, no podía hacer frente a los compromisos bancarios. Posteriormente, esta fórmula se le aplicó a otros promotores.

Joaquín Guerrero es el propietario de Salones Atalaya, asiduo escenario de actos del PSOE o enclave para las comidas de empresa del Consistorio, señalaron fuentes municipales a LA RAZÓN. Aparte, es militante socialista y «habitual de cafés» en la Casa del Pueblo, indicaron las mismas fuentes.

IU denunció en el Pleno que «con esta 'addenda' al convenio, el propietario modifica los tiempos de pago» y «en realidad elimina la temporalidad en el cumplimiento de las obligaciones». «Consideramos que no se prima el interés general», denunció la concejal Flora Rendón del Río. La popular Virginia Pérez señaló, por su parte, que «esta empresa inmobiliaria tenía dos proyectos: uno, el referido a San José Norte, y otro, a desarrollar en la localidad de Chipiona». «Se ha sido generoso con los promotores», indicó.

Con la firma de la «addenda», «el promotor reconoce una deuda a abonar al Ayuntamiento de 1.090.800 euros», señaló el delegado de Urbanismo, Francisco Manuel Díez Pineda. «Se establece el nuevo calendario de pago de la cantidad adeudada, que asciende a 1.461.324,46 euros». El primer 50% «se pagaría en el plazo de 30 días naturales a la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del sector SUC-04 Rinconada Norte por parte del Ayuntamiento». El otro 50% «se abonaría en 30 días naturales, una vez transcurrido un año desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación». «El objetivo de la firma de esta 'addenda' es propiciar la viabilidad de los desarrollos urbanísticos previstos en ambas urbanizaciones, dada cuenta de la difícil coyuntura económica por la que estamos atravesando», comentó el edil. «En Rinconada Norte, se prevé la construcción de 120 viviendas de renta libre, dando también respuesta a la difícil situación personal por la que está atravesando el promotor, que no puede afrontar los pagos pendientes con el Opaef», dijo.

IU recordó que «como equipo de Gobierno tienen que buscar el máximo beneficio para el interés general del municipio, y no vemos que sea así con ese trato de aplazamiento de deudas, que sólo es beneficioso para la otra parte, sin recibir ninguna compensación por ello». La coalición reclamó que «se podrían haber arbitrado otras cuestiones, un intercambio de suelo u otras medidas, que sean compensatorias, por el aplazamiento de las cargas y por la dejación de aquel promotor».

«Se habla de unos ingresos, pero existe un incumplimiento de pago de un millón y medio de euros, y eso no fue gratis, pues a cambio se recalificó un suelo, que era rústico, y pasó a ser calificado como urbanizable», señaló. «En 2005, aquella recalificación era como una lotería», subrayó IU.

El PP criticó que «se está siendo generoso con unos promotores que, en su momento, pudieron optar entre invertir en viviendas en La Rinconada o en un hotel en Chipiona» e invirtieron en la costa. «Las diferencias son las que son entre los diferentes promotores de la localidad y los comportamientos no son los mismos», se quejó Virginia Pérez.

El «traje a medida», finalmente, se aprobó con los votos del PSOE y la abstención de PP e IU. Este diario comprobó que Joaquín Guerrero, efectivamente, contaba con varias providencias de apremio a deudores. La empresa Nuevo Guerrero amplió su objeto social en abril de 2012, incluyendo «el arrendamiento de negocios de restauración y hostelería, tales como bares, cafeterías, restaurantes, discotecas, pubs, hoteles y hostales». En febrero se nombró a Guerrero administrador único. En enero de ese año cambió de domicilio social. En noviembre de 2011, amplió capital hasta cerca de 240.000 euros. En noviembre de 2008, la Delegación de Economía y Hacienda citó para la liquidación del impuesto de transmisiones a Promociones Guerrero Coca. La evolución de sus ventas, según comprobó este diario en base a los datos del Borme, cayeron sustancialmente desde 2007 a 2011.

«Si no se ingresa, no se puede pagar», justificó el Consistorio

El Ayuntamiento aseguró, en Pleno de enero de 2007, que rubricó cinco convenios urbanísticos residenciales y 18 industriales, que firmaron 32 propietarios y que afectó a un total de 56 dueños de los suelos. Según señaló el PP en el mismo Pleno y consta en las actas a las que tuvo acceso LA RAZÓN, «en suelo residencial» se firmaron convenios respecto a San José Norte, con la empresa Primsa para la ejecución de 2.680 viviendas; en Pioner, El Soto y Sur de La Rinconada se firmaron convenios con Expo Rinconada y con Vía Torneo (propiedad de Joaquín Guerrero), para la ejecución de 120 viviendas. De las 3.594 viviendas previstas, el 96% iban a ser ejecutadas por dos promotores: Rafael Jiménez y Dionisio García Berbel. «Estas dos personas son administradores de varias sociedades beneficiarias de los convenios», explicó Virginia Pérez. «Primsa, Expo Rinconada y, conjuntamente, Solventa 2000, que a su vez adquirieron una finca en el Pago de Enmedio, que fue vendida al Ayuntamiento, siendo conocedores de que iba a ser expropiada», añadió. Aparte, «la mayoría de los suelos de algunas actuaciones», que, «eran no urbanizables», fueron «adquiridos después de iniciarse el proceso de revisión». En el Pleno de 15 de noviembre de 2012, también se acordaron «trajes a media» similares para Expo Rinconada. Primsa también se acogió a este tipo de pago. «Si no se ingresa, no se puede pagar», justificó el Ayuntamiento.