El bienestar de cinco familias, pendiente de un «intro» de Griñán

La otra cara de la trama de los ERE tiene a cinco familias en una situación desesperada con la connivencia de la Junta de Andalucía. Víctimas a las que nadie respalda, «criaturitas», las llamaban, y qué casualidad, sin vinculación política o sindical, vieron suspendidas «arbitrariamente» sus rentas después de siete años, hace ahora 23 meses, a raíz de una investigación interna que los juzgados han certificado ya en dos de estos casos que se realizó de forma irregular. No son intrusos y cumplían los requisitos, pero de la noche a la mañana dejaron de recibir sus prestaciones. Desde entonces: órdenes de desahucio, enfermedades, tratamientos psicológicos, hijos pidiendo créditos para mantener a sus padres... Todo ello pese a haber trabajado en la empresa, Mercasevilla, en algún caso hasta 32 años.

Una vez resueltas legalmente las «discrepancias administrativas», estos trabajadores quieren conocer por qué el presidente de la Junta no ha procedido a la ejecución voluntaria de la primera sentencia firme dictada el 22 de enero por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Por ello, ayer acudieron al Parlamento y registraron una petición a los grupos parlamentarios para que «si tienen dignidad» pregunten al respecto en el Pleno a Griñán, quien ha anunciado que comparecerá para abordar la trama de los ERE fraudulentos. En uno de los casos, además, se cuestiona por qué ocho meses después, y pese a que el plazo fijado en estos casos es de diez días, a uno de los cuatro ex trabajadores representados por el despacho de abogados «Sánchez, Mejías y Asociados» ni siquiera se le ha facilitado el expediente. Mientras tanto, estos se sienten «cabezas de turco para que otros limpien sus culpas».

Los 80.000€euros de Lanzas

«Pedimos justicia y que Griñán diga por qué no le da al 'intro' para que estas familias recuperen el día a día; alguien se debe responsabilizar del daño que se está causando y, aunque es triste tener que ir al TSJA después de dos meses para que cumplan la sentencia, lo haremos en los próximos días», asegura gráficamente la abogada Marta Mejías. Si no lo hiciera, la Junta se expondría a un embargo. «Ya que los perros de la Guardia Civil han encontrado 80.000 euros debajo de un colchón del señor Lanzas que los utilicen para pagar a estos trabajadores», sugirió.

El PSOE, a través del portavoz Álvarez de la Chica, admitió que hubo «daños colaterales» al tomar «decisiones administrativas para paralizar» algunas pólizas con el objetivo de verificar si estaban en regla y se mostró abierto a escuchar las reivindicaciones. Por ahora, los afectados no han recibido colaboración alguna. Al contrario, cortapisas hasta del Defensor del Pueblo, que argumentó que «todo lo que hacía la Junta era legal». «Más solos es imposible estar», lamentan.

¿Y el dinero de la póliza?

Lo más llamativo en este caso es que la póliza del ERE ya fue abonada. Junta, aseguradora y trabajadores aportaron su parte, pero ¿dónde está el dinero? Generali no tenía conocimiento de las sentencias firmes del TSJA y, por supuestos, los afectados reclamarán «daños colaterales» –intereses– tras resolver la odisea actual.