El bipartito debe 25 millones a las empresas de los comedores escolares

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha admitido en una respuesta parlamentaria a la diputada de IU Marina Segura que tiene pendientes de abono 25,2 millones de euros a las empresas concesionarias de los comedores escolares públicos andaluces y ha satisfecho 22,8. Al tiempo que somete a esta asfixia financiera a estas sociedades que prestan un servicio público, el departamento que dirige Luciano Alonso rechaza cualquier responsabilidad sobre posibles despidos en estas firmas que prestan sus servicios en los colegios andaluces. Asegura que «en referencia a posibles Expedientes de Regulación de Empleo presentados por estas empresas, no se tiene información al respecto». Recalca que «no hay vinculación jurídica directa con el personal de las empresas contratadas» y que «más allá de los habituales sistemas de control del buen funcio­namiento del servicio (...), no corresponde a ISE –la empresa pública de Educación– asumir otra responsabilidad».

Educación se remite a los pliegos de condiciones por los que se convocó el concurso público para la prestación de servicios. «El personal necesario para la prestación normal del servicio, así como otro que podrá tomar transito­riamente para determinados casos, será contratado por el concesionario, siendo de su cuenta el pago de todas las obligaciones derivadas de estos contratos (en materia legal, de convenios colectivos, etc.)». La Junta ya se blindó entonces: «Este personal no tendrá derecho alguno frente al Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, ya que dependerá única y exclusivamente del concesionario, quien ostentará todos los derechos y obligaciones en su calidad de empresario respecto del citado personal, con arreglo a la legislación laboral y social vigente y a la que en lo sucesivo se pueda promulgar». Incluso ante la posibilidad de que la Administración no atendiera sus obligaciones: «En ningún caso podrá resultar responsable el Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos de las situaciones, discrepancias u obligaciones que se originen entre el concesionario y sus trabajadores, aún cuándo los despidos o las medidas que se adopten sean como consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o interpretación del contrato correspondiente», sentencia.

El servicio de comedor escolar se presta a través de empresas privadas. En total, 29 sociedades se reparten las concesiones en las ocho provincias andaluzas –algunas de ellas como Aramark, Dujonka o Serunión están presentes en varias–. En Andalucía, según datos de la Consejería, existen en este curso 4.556 centros públicos y el bipartito sólo gestiona 319 comedores escolares de manera directa. La Junta dice que ponerse al día «es una prioridad».

La deuda con estas empresas es superior al dinero invertido por la Junta en el plan extraordinario de solidaridad y garantía alimentarias, una de las medidas estrella del Gobierno de coalición de PSOE e IU y que facilita a los niños en riesgo de exclusión tres comidas al día. Según el balance que realizó el Ejecutivo autonómico a finales de año, la iniciativa, dotada con 16 millones de euros para todos los aspectos, garantizó la ingesta calórica a 16.749 menores de 1.003 centros escolares.