El bipartito obvia casi medio millar de preguntas del PP sobre su gestión

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunció en la comisión de investigación parlamentaria sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), en septiembre de 2012, que su Gobierno iba a iniciar los trámites para aprobar una Ley de Transparencia que sirviera de antídoto contra la corrupción. La norma sigue en la incubadora y el PP-A reclama avances en esta materia.

Para el portavoz del Grupo Parlamentario popular, Carlos Rojas, el Ejecutivo de coalición PSOE-IU «oculta información al Parlamento y, por tanto, a todos los andaluces», pese a que presume de lo contrario. Pertrechado con los datos de un «exhaustivo estudio» de su Grupo, desligó al «bipartito» del concepto de transparencia.

Rojas separó en dos bloques las peticiones de información de los populares: las planteadas por escrito para su contestación por el Consejo de Gobierno –a responder, según el reglamento de la Cámara, en un periodo no superior a 30 días hábiles desde su remisión–; y las preguntas que registran los diputados también para ser contestadas por escrito –su plazo es de unos 20 días tras su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento Andaluz (BOPA)–. Dentro del primer apartado, de las 806 solicitudes de información y documentación registradas por el PP-A, 394 están aún pendientes y 214 han superado el tiempo preceptivo.

En el segundo caso, el de las preguntas de los diputados, Rojas resumió: «El Grupo Parlamentario Popular tiene presentadas a fecha de enero de 2013 un total de 1.234, de las cuales ni más ni menos que 330 no han sido contestadas aún por el Consejo de Gobierno y 244 han agotado todos los plazos legales de respuesta».

«En los meses de esta legislatura tenemos 458 expedientes que no han sido contestados por el Gobierno de la Junta. ¿Dónde está –ironizó– la transparencia que dice Griñán?».

Y el popular ejemplificó. Relató que se ha requerido sin resultado información sobre «las empresas beneficiarias de financiación procedente de los fondos carentes de personalidad jurídica». También sobre «el número de efectivos del personal de sociedades mercantiles, agencias públicas y empresariales, entidades de derecho público y entidades asimiladas de la comunidad», grupos profesionales y modalidades de contratación. Caso en el que, según Rojas, las consejerías de Salud y Hacienda les remitieron al anexo del Personal del Presupuesto de la Junta y a relaciones de puestos de trabajo (RPT), cuando «es sabido que respecto al personal de las sociedades mercantiles no hay nada en el anexo ni en la RPT porque no son ni funcionarios ni laborales de la Junta».

Sólo la Consejería de Fomento ha admitido que «se ejecutaron más de 375.000 euros» con cargo al Presupuesto andaluz entre 2007 y 2012 por «indemnizaciones por viviendas a altos cargos y asimilados». El silencio ha sido la respuesta a las cantidades ejecutadas entre 2008 y 2012 «en concepto de complemento de productividad para directores generales, delegados provinciales y personal eventual». Y la situación no mejora si se toca el empleo. «Hemos hecho más de una treintena de solicitudes de información relativas a programas –Motiva, 45 Plus, OLA...– que no han sido contestadas», lamentó el popular, que exigió el fin del «oscurantismo».