El cambio de estrategia de Guerrero: «Es la misma legislación que hay a nivel estatal»

El ex director de Trabajo reniega de sus declaraciones previas y pasa de implicar a sus superiores a dar la misma versión

La octava sesión del juicio sobre el procedimiento específico de los ERE transcurrió con el vídeo de la declaración voluntaria del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero a la jueza Núñez Bolaños en octubre de 2015. Previamente, Guerrero insistió en no ratificar sus declaraciones anteriores «por los mismos motivos que expuse en la primera no ratificación», esto es, por «la tremenda presión mediática y policial» a la que se vio sometido o, como señaló a este diario», porque «estaba bajo la espada de Damocles de la cárcel». Es decir, Guerrero reniega ahora de sus palabras, que fueron ratificadas en cada posterior declaración hasta la citada de octubre de 2015, en las que señaló a sus superiores.

En la grabación visionada, cuya posible corroboración queda pendiente para hoy, Guerrero defendió que las ayudas se otorgaron en base al procedimiento del Ministerio de Trabajo de 1995, citando las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva. «Es exactamente la misma legislación que hay a nivel estatal», señaló entonces, apuntando a «un sistema totalmente garantista». También expuso que el ex interventor Manuel Gómez y la entonces consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo avalaron este sistema en 2005, puesto en entredicho en la causa. Quedan por visionar algo menos de media hora de esta comparecencia. Con esta declaración, Guerrero acompasó su versión con la de la mayoría de los acusados, llegándose a hablar, incluso, de un pacto de las defensas tras la salida de Alaya del caso. El Gobierno otorgó 416 millones en ayudas extraordinarias para trabajadores entre 1995 y 2012 con la Orden del 95. «No ha habido ninguna trama», «no nos hacen falta mediadores», «hemos actuado exactamente igual que el Ministerio», señala Guerrero en la declaración grabada, añadiendo que «nunca ha tenido ninguna tacha». Sobre los intrusos, manifestó que «no eran incluidos por la Administración». En relación a la ayuda a su suegra, indicó que «tenía el mismo derecho que los 6.300 beneficiarios». Acerca de las aseguradoras con las que trabajaba la Junta, señaló que su elección respondió a que «sólo dos estuvieron dispuestas a concertar pagos». «Había un mandado y un procedimiento, y me ceñí siempre a ese mandado y a ese procedimiento», señaló sobre el convenio marco de 17 de julio de 2001. «Creo que siempre actuaba dentro de la legalidad y no entendería que la Administración no le diera a un gestor suyo un procedimiento que no fuera legal», añadió. «Había problemas de reestructuración de empresas y lo que hicimos fue intentar ayudar a todo el que vino pidiendo ayuda y lo hicimos de la mejor forma», indicó. «No me he lucrado, no me he llevado un duro de nada», dijo.

Previamente, el resto de la declaración ante la jueza Alaya volvió a traer al caso las cuestiones sobre el ERE de Río Grande, intrusos como Encarnacion Poto, Carmen Fontela o Garrido Santoyo o el papel desempeñado por el «conseguidor» Juan Lanzas o el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. En esta declaración también se puso de manifiesto, sobre las críticas que dijo recibir de Chaves (que dijo que no le conocía), Viera (que le llamó «indeseable) o Mar Moreno (que le ponía «a caer de un burro»), que estaba «convencido de que estas personas sabían y tenían que saber cómo se trabajaba».