Andalucía
El «clic» que compite con el taxímetro
«Calma tensa» entre el taxi y los coches de alquiler con conductor en plena regulación. El precio libre permite abaratar el coste de un mismo trayecto si se contrata mediante una aplicación móvil
Levantar la mano y parar un taxi. Ése era el gesto más automatizado para desplazarse de manera inmediata usando un transporte público. Lo son también los coches de alquiler con conductor, cada vez más populares gracias a aplicaciones como Uber o Cabify, aunque para ellos existe el veto expreso de atender clientes en la calle: solo pueden recoger si han recibido un aviso previo. Su regulación continúa dirimiéndose en los tribunales: el recurso presentado por la denegación de licencias está dando la razón a los afectados frente a la Consejería de Fomento y Vivienda, la encargada de autorizarlas. El pasado lunes el Tribunal Supremo avaló las limitaciones a las empresas de VTC, considerando ajustado a derecho y no discriminatorio el límite de una licencia de VTC por cada 30 taxis.
Las comunidades tienen delegadas esas competencias y el control de ambos servicios. El año pasado solo el Ayuntamiento de Sevilla impuso 245 sanciones a vehículos turismo con conductor (VTC); 386 afectaron a taxistas y otras 71 por intrusismo a personas que realizan trayectos sin licencia. Pese a la mayoritaria presencia de taxis –en una proporción de 1 coche de alquiler por cada 25, según el Ayuntamiento–, los controles se centraron en los primeros: 2.367 a VTC frente a 1.735 de taxistas. La celebración de la Feria de Sevilla removió un conflicto que en las mismas fechas el año pasado se saldó con varios coches quemados que operaban a través de Cabify. Este año el ambiente fue de «calma tensa», según Pablo García, presidente de la patronal Unauto en Andalucía, representante mayoritario de los VTC. «Es un período crucial que nos permite mantener empleos el resto del año», mantiene García, que en seis días de fiesta factura hasta el triple que en un mes normal. Son muchas horas de trabajo las que se acumulan en esa semana, con hasta veinte desplazamientos diarios. Él tiene su propia empresa, con personal contratado, y también conduce. «Gestiono, conduzco, limpio los coches... Se trabaja mucho, es como tener un bar 24 horas abierto», apunta. Es reacio a hablar sobre el enfrentamiento entre ambos sectores porque, dice, no quiere contribuir a encender unos ánimos que aparentemente no han provocado daños –aunque cita un apedreamiento de un coche y trascendió también un enfrentamiento entre taxistas y un conductor en el centro de la capital–. Precisamente esta semana, la Guardia Civil detuvo a un taxista de la Unión Sevillana del Taxi por la quema de 9 VTC de Cabify en la Feria de 2017. La Policía atribuye a esta asociación «fotos y anotaciones» sobre agentes «perseguidores de taxistas».
Desde que se liberalizó el mercado, los taxistas han enarbolado la bandera de la competencia desleal para restar presencia a esta alternativa. Su principal argumento es el incumplimiento de la proporción de una licencia de VTC por cada 30 de taxis. «Esto no es Ley si no una recomendación –explica García–. Las comunidades además pueden modificarla a la baja». En concreto, alude al decreto de 2015 con el que el Gobierno introdujo modificaciones a la anterior ley de transportes. El goteo de protestas del taxi llevó a nuevas restricciones en la norma, provocando que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia la recurriera en febrero por considerarla lesiva. García defiende que «somos una alternativa más, como el autobús, el metro, las motos por minutos o las bicis de alquiler».
En Andalucía, los últimos datos oficiales cifran en 1.183 las licencias de VTC y 8.125 taxis (cinco mil de ellos en las capitales). En Málaga –donde la cantidad de licencias prácticamente se equiparará cuando se resuelvan las reclamaciones judiciales, según Fomento– y Sevilla es donde el conflicto ha cristalizado más crudamente. Desde Unauto insisten en el cumplimiento de la legalidad. Cada viaje –detalla– se registra mediante una hoja de ruta, con la obligación de tenerla a disposición de la inspección durante un año. Niega tajantemente que tengan facilidad para no facturar algunos de los desplazamientos. «Si me paran la multa es de 1.500 euros. Llevamos una pegatina distintiva y tenemos a la policía pendiente de nosotros, la gente no va por ahí sin hoja de ruta. ¿Cuando un taxi sale fuera de su localidad tiene que hacerla también? ¿Quien los controla? –se pregunta–. Tiene que haber una proporcionalidad en las actuaciones inspectoras».
Las plataformas digitales han jugado un papel fundamental: Uber y Cabify son las más conocidas, pero hay muchas más. Ahí es donde Unauto sitúa la diferencia. «La contratación se ha reducido a un golpe de clic. Solo nos hemos adaptado a la realidad tecnológica», un punto en el que el taxi camina muy por detrás. El negocio también se mueve a través de acuerdos con agencias de viaje, hoteles o particulares. Otra diferencia significativa es el precio cerrado: «El cliente sabe lo que va a pagar, no dependemos de atascos». Reconoce que cuando se usan las aplicaciones móviles, el usuario paga menos: «Ellos nos cobran una comisión, el precio para nosotros es más competitivo si no hay intermediarios».
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