El Consultivo obvió al Parlamento y no informó de expedientes de los ERE

La Cámara reiteró en cuatro ocasiones la solicitud de documentación, pero no tuvo respuesta

El presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso

La Cámara reiteró en cuatro ocasiones la solicitud de documentación, pero no tuvo respuesta

La pasada legislatura terminó sin que el Consejo Consultivo informara sobre los expedientes de revisión de oficio dictaminados desfavorablemente en relación a las ayudas sociolaborales y a empresas que la Junta otorgó con cargo al denominado «fondo de reptiles» de los ERE. Un caso que, en la vía judicial, investiga el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y que ha enviado al banquillo de los acusados a dos ex presidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Se trata de una cuestión polémica porque el Consejo Consultivo se ha pronunciado en un sentido y en el contrario. Esto es, con dictámenes tanto favorables como de disconformidad a que el Ejecutivo andaluz renunciara a reembolsar fondos públicos defraudados. Sin ir más lejos, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se apoyó en el pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andalucía para acordar el archivo de las actuaciones del expediente de revisión de oficio sobre la ayuda de 300.000 euros que solicitó el obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos, según informó «El Independiente». El obispo emérito declaró por este caso a finales de abril en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Hay que recordar que, en su día, el que fuera portavoz parlamentario del PP-A Carlos Rojas acusó incluso a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de «pedir» al Consejo Consultivo que «archivara los expedientes de reintegro del dinero defraudado» para intentar «pasar página» y «dar carpetazo» al caso.

Así las cosas, el Partido Popular dirigió al Consultivo través del Parlamento una solicitud de información para que este órgano le remitiera «copia de los expedientes relativos a las revisiones de oficio dictaminadas desfavorablemente, en relación a las ayudas sociolaborales y a empresas otorgadas al amparo del programa presupuestario 31L».

La petición inicial tiene fecha de 8 de abril de 2013 y cuenta con una calificación favorable por parte de la Mesa de la Cámara, según puede consultarse en la página web del Parlamento autonómico. Ante la falta de respuesta, el PP le pidió al Parlamento que reiterara la petición de información. Y así lo hizo la Cámara. La primera vez, con fecha 10 de abril de 2013; la segunda, el 25 de septiembre del mismo año; la tercera, el 2 de abril de 2014; y, la última, el 11 de junio de 2014. A finales de enero de 2015 la solicitud de información decayó debido a que Susana Díaz disolvió el Parlamento y convocó de manera anticipada las elecciones. El PP no volvió a registar la solicitud de información en la actual legislatura.

Las solicitudes de información y documentación están previstas en el artículo 7 del Reglamento del Parlamento andaluz. Recoge que los diputados «tendrán la facultad de recabar de las administraciones públicas de la Junta de Andalucía los datos, informes o documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por dichas administraciones».

La solicitud se dirige a través de de la Presidencia del Parlamento y la Administración debe requerir «en el plazo de 30 días la documentación solicitada».