El Defensor constata el malestar ciudadano con el impuesto de sucesiones

Advierte de que en 2016 las quejas se «focalizaron» en esta tasa y reclama «acompasar» el tributo a la realidad del mercado inmobiliario

El presidente del Parlamento y el defensor del pueblo, ayer, en la Cámara andaluza
El presidente del Parlamento y el defensor del pueblo, ayer, en la Cámara andaluza

Advierte de que en 2016 las quejas se «focalizaron» en esta tasa y reclama «acompasar» el tributo a la realidad del mercado inmobiliario

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha constatado durante 2016 el malestar existente entre los ciudadanos andaluces con la Junta por el impuesto de sucesiones y donaciones. Según consta en el balance entregado ayer en el Parlamento de Andalucía, las quejas en relación a la política fiscal –algo habitual en las reclamaciones recibidas todos los años en la institución– se «focalizaron» en el pasado ejercicio en esta tasa que recauda la Junta y que en otras comunidades está bonificada al 99 por ciento.

El trabajo de la oficina del Defensor que dirige Jesús Maeztu advierte de que «han sido muy numerosas las quejas recibidas a instancia de parte en 2016 sobre tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, principalmente sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), y sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD)». Y detalla los motivos de esas quejas: «Los interesados nos trasladan su discrepancia con las liquidaciones recibidas, calificando de excesivos o abusivos los tipos impositivos, expresando opiniones contrarias a la política tributaria autonómica en esta materia, que consideran que da un tratamiento excesivamente gravoso a las herencias y donaciones, comparándola negativamente con la seguida en otras comunidades autónomas y demandando su urgente modificación».

No es la primera vez que el Defensor se hace eco de la impopularidad de este impuesto. Ya lo hizo en su informe relativo a 2015 en el que, al igual que en éste, aboga por una armonización de este tributo en todas las regiones. En cualquier caso, y pese a que la oficina de Maeztu celebra que se haya modificado parcialmente el impuesto para evitar casos concretos en las herencias de explotaciones agrarias y la elevación del mínimo exento de 175.000 a 250.000 euros, el asunto no está saldado. La reforma pactada por PSOE y Ciudadanos no ha sido suficiente y no solventa otro de los problemas que los afectados denuncian: «Los contribuyentes se quejan de que la Administración tributaria parece ignorar las consecuencias de la crisis económica en el mercado inmobiliario, destacando el hecho de que muchas compraventas se están teniendo que formalizar por un precio que en la práctica es inferior al valor fijado por la Administración; si bien –según las quejas recibidas– la misma utiliza unos valores catastrales que son anteriores a la crisis del sector y aplica a los mismos unos coeficientes correctores que en vez de adaptar el valor del bien a unos precios reales en descenso, lo incrementan aún más».

Ésa es una de las reivindicaciones de la Plataforma contra el impuesto de sucesiones y que el Defensor ha incluido en sus informes anuales, también en este último: «Consideramos que en la situación descrita se deberían adoptar medidas para acompasar la actuación tributaria a la realidad actual del mercado inmobiliario», apunta ahora. ¿Cómo hacerlo? Aunque la Administración autonómica «carece de competencias para revisar los valores catastrales» –que son los que se utilizan para el cálculo de la base liquidable del impuesto–, sí puede ajustar «los coeficientes que se aplican al valor catastral del bien para la obtención de la referida base liquidable». La Junta ahí tiene plena libertad y podría evitar así «inflar» artificialmente el precio de los inmuebles por los que los herederos tienen que tributar.