El despido de asesores de empleo cuesta a la Junta 6,7 millones

El Gobierno andaluz ha sufragado 1.241.377,62 euros en concepto de indemnización a los promotores de empleo contratados con fecha 1 de abril de 2011 y luego despedidos. Así consta en el número 243 del Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA). Un dinero que se ha abonado, según se explica, «en las nóminas de los meses de septiembre u octubre de 2012 del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)», según las provincias. De hecho, el consejero de Economía, Antonio Ávila, explicita a una pregunta de la diputada popular María Teresa Ruíz-Sillero que «no queda ningún pago pendiente» de desembolsar.

A ello hay que sumar, según se detalla en la respuesta a otra cuestión, las indemnizaciones por la extinción de los contratos de los agentes locales de promoción de empleo (ALPE) que «ha ascendido a 6.018.795,27 euros». De dicho importe, el SAE ha cofinanciado 4.594.658,37, dado que corresponde a los ayuntamientos coasociados aportar 1.424.136,90, «conforme a los porcentajes establecidos de cofinanciación». El pago de los fondos del SAE se produjo entre diciembre de 2012 y enero de 2013 y tampoco existe «cantidad alguna pendiente de abono», asevera el consejero.

A Ruíz-Sillero le contesta también Ávila que la indemnización por terminación de contrato de los asesores de empleo, ocupados con fecha 6 de octubre de 2008 para desarrollar las tareas establecidas en el Plan Memta, alcanza los 884.301,55 euros. Cuantía que se ha retribuido, con fecha 28 de euros de 2013, en la nómina del SAE «correspondiente al mes de enero». Nada queda en trámite.

En ese caso, el consejero precisa en su información que «ha sido el Gobierno de la Nación quien, mediante la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, no ha prorrogado ni ha mantenido los contratos de los orientadores». «Un criterio –matiza– contrario» al de la Junta.

En resumen, el Ejecutivo regional habría pagado por el despido de los distintos colectivos de asesores un global de 6.720.337,54 euros. El Consejo de Gobierno de ayer acordó liberar créditos por siete millones para la financiación de los programas del Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria.