El ex consejero Fernández afirma haberse sentido «absolutamente acosado» por Alaya

Amenazaba con ser otro día en blanco en el primer juicio derivado de la «macrocausa» de los ERE presuntamente fraudulentos después de que el tribunal aceptara la petición de la representación procesal del PP-A de que se leyera íntegra la declaración que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández prestó en abril de 2012 ante la jueza que hizo germinar la causa, Mercedes Alaya, pero hubo ruptura en la trama para dar cabida a una queja sentida, resentida.

Aunque su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, intentó posponer hasta el lunes el hilo del interrogatorio a su defendido, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, lo instó a recuperar su ronca palabra y lo hizo para dejar claro que, aunque dijo «la verdad» en su «cara a cara» con Alaya, no ratificó su declaración porque el acta no recogía «con fidelidad» lo que expuso, se descontextualizaron contestaciones, además de que, según aseveró, aquellos días no se le «respetaron sus derechos». Dicho de otro modo, «se produjo una lesión importante» de los mismos y si no lo ha dicho hasta ahora es porque cree «duro y grave» hacer esas acusaciones contra una magistrada y quiso mantenerlo como un «dolor interno» que soporta «desde hace más de seis años» pero el desarrollo de la vista oral lo ha empujado a difundirlo.

A preguntas de su letrado, Fernández relató aquellos cuatro días previos a su entrada en la cárcel. Contó que recibió un «burofax» con su imputación inicial y que en la antesala de su declaración se le realizó una nueva pasando a seis los delitos de los que se le acusaba, al sumarse algunos por hechos relacionados con una póliza de prejubilación de la empresa González Byass, y pese a que las partes aún no contaban con el atestado policial correspondiente. Confesó que tomó la decisión de no optar por el silencio porque llevaba ya 14 meses investigado, presionado para que dejara la Presidencia del Consejo Regulador del Vino de Jerez, donde recaló tras abandonar de forma voluntaria el Parlamento andaluz, y sabedor de que Alaya ya había enviado a prisión a otro protagonista del «caso ERE»: el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Pensó que «colaborando» y «diciendo la verdad» podría evitar acabar como él, privado de libertad. Recalcó que en el juzgado de Alaya «pasó angustia y ansiedad», que se sintió «inseguro, indefenso y, por el procedimiento de como se formulaba la pregunta, absolutamente acosado». Fue objeto, aseveró, de «unos modos» que calificó de «no procedentes» y «con voz alta y de una manera imperativa» fue «permanentemente» impelido a «responder en el sentido en el que las preguntas eran formuladas», en el que «quería la instrucción». Siguió con las frases con resonancias al ratificar a su representante procesal que la jueza le lanzó algunas como «asuma usted su responsabilidad como consejero» o «ahora me cuenta usted otra».

Su hipotética perplejidad duró cuatro días en «sesiones de mañana, tarde, noche y madrugada», con «cortos descansos», que «no fueron grabadas», aunque se solicitó. El presidente del tribunal entró en escena en varias ocasiones, al no entender «dónde quería llegar» Del Hoyo con su línea de cuestiones. De hecho, intervino al final del bloque –el abogado ha estructurado en varios su interrogatorio– para conocer, entre otros puntos, si el ex consejero reclamó que constaran en el acta «esas vicisitudes» o por qué la firmó si sus manifestaciones estaban sacadas de contexto. Fernández argumentó que las rubricaba en torno a las 12:00 o 12:30 horas sin «leerlas», cuando quería «descansar» por «agotamiento físico y psíquico». De hecho, ésa, leerlas, fue «su actividad» entre rejas.

Insistió en la falta de garantías que rodeó a aquellos días de 2012 y que, de alguna forma la Audiencia de Sevilla confirmó al estimar su recurso contra el auto de prisión y descartar ya en 2012 los delitos ligados a González Byass. Sobre la póliza de esta empresa, traída al juicio por la Fiscalía durante el turno del también investigado Gaspar Zarrías giró el otro apartado de interrogantes articulado por el abogado de Fernández, que también trató de reconducir el magistrado Calle. En relación a este tema, el ex titular de Empleo explicó que entró «con 14 años y algunos meses» a trabajar en esa entidad de «botones» y luego escaló. Fue siempre «personal fijo», aunque pidió una excedencia cuando arrancó su carrera como cargo público. Lo despidieron en 2010, ejercicio en el que cesó como consejero, en un ERE iniciado en 2007/2008, en el que se le incluyó «porque cumplía 55 años», según indicó. No solicitó su reingreso en la entidad al ser elegido presidente del Consejo Regulador jerezano. Reconoció que el comité de empresa pidió una ayuda sociolaboral a la Dirección General de Trabajo con motivo de aquel ERE, pero garantizó que él «no suscribió la póliza» por lo que no ha cobrado ni lo hará ese dinero. Lo que sí percibió es la «indemnización por despido» que solicitó «tras pasar por la cárcel», nutrida «con fondos de González Byass». Aún le queda al menos otra jornada, la del próximo lunes, para poder respirar aliviado.