El ex consejero Recio firmó la concesión de ayudas de los cursos sin «mirarse» los expedientes

Asegura que no conocía a Ojeda, otro ex alto cargo investigado que atesoró 33 millones en subvenciones de la Junta para formar a los ex empleados de Delphi, ni sabía cuáles eran sus empresas

Un consejero no tiene por qué conocer la trastienda de las subvenciones cuya concesión acaba firmando. Ésta es la tesis que defendió ayer en sede judicial el ex titular de Empleo de la Junta, Manuel Recio, quien tuvo que declarar como investigado en la pieza que gira en torno al entramado empresarial del también ex consejero encausado, en su caso de Hacienda, Ángel Ojeda, dentro de la «macrocausa» desinflada de los cursos de formación que coordina el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Recio estaba citado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que arguye que participó en la tercera fase de las ayudas que el Gobierno andaluz concedió para formar a los antiguos empleados de Delphi, la desarrollada entre 2009 y 2010. En conjunto, las entidades de Ojeda, englobadas en su mayoría bajo la etiqueta de Grupo Prescal, percibieron alrededor de 33 millones de euros para actividades formativas. Fuentes del proceso desvelaron ayer a LA RAZÓN que Recio relató ante la jueza María Núñez Bolaños que durante su etapa en la consejería, entre 2010 y 2012, tuvo mucho trabajo y se topó con múltiples expedientes, así como que las funciones de un consejero no pasan por estudiarlos a fondo ni «mirar todos los documentos» que contenían. Sólo respondió a las preguntas del Ministerio Público y de su abogado y explicó que rubricó «las propuestas de resoluciones de las ayudas que le pasaban los técnicos» y que contaban con la aprobación de la Intervención de la Administración autonómica y de los servicios jurídicos. Vistos buenos que le eximían, a su entender, de tener que «preocuparse» por cómo se habían decidido y negociado unas subvenciones que luego levantarían abundante polvareda.

A ello se sumó que, según dijo, le trasladaron que con respecto a Delphi existía un procedimiento iniciado que «había que culminar». Y si no sabía de los entresijos de los expedientes, tampoco conocía a Ojeda. Lo garantizó ante la magistrada, según indicaron las mismas fuentes a este diario, como «tampoco tenía ni idea de cuáles eran en concreto sus empresas». «Ni sabía ni podía saber», sostuvieron desde el sector de las defensas del «macroproceso», para las que la declaración de Recio fue «sensata y creíble».

Si bien, para la Fiscalía, los ex operarios de Delphi cobraron un salario con cargo a los fondos proporcionados por el Ejecutivo regional «sin prestar trabajo por cuenta ajena», lo que significa que, presuntamente, se habrían simulado unas relaciones laborales que no existieron. Pero Recio también ignoraba esa situación, así como la proporción de las ayudas que podría haberse destinado al abono de las nóminas de aquel colectivo en los supuestos contratos simulados, pese a que, según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, «ésta constaba en las resoluciones» de adjudicación de las subvenciones. «Tal vez fuera –lanzaron– porque tampoco se las leía completas».

Al paso de Recio por el juzgado sevillano, se unió el de dos trabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta, que revisaron todos los expedientes vinculados a Delphi y que acudieron a la llamada de Núñez en calidad de testigos. No hicieron una reconstrucción de lo actuado, ya que admitieron que no comprobaron la «realidad material» ni de las facturas ni de los contratos que repasaron. Lo que sí hicieron, a la luz de sus declaraciones, fue trasladar «al secretario provincial de Empleo» las irregularidades que detectaron y ante las que se les habría pedido «discreción».

En esta pieza de la causa de los cursos está siendo investigado, al margen de Ojeda y Recio, otro ex consejero: el antecesor en el cargo del último, Antonio Fernández. Por contra, Anticorrupción descartó recientemente incluir entre los antes imputados a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que sí están encausados en la rama política del «macroproceso» de los ERE, y la jueza se posicionó de su lado.