El ex consejero Viera defiende que la Junta «no pudo mirar para otro lado» con Santana

Fernández y Guerrero se acogieron a su derecho a no declarar

Varios encausados en la «macrocausa» de los ERE estaban citados ayer por el juzgado que la instruye, el número 6 de Sevilla, en relación a las ayudas que la Junta concedió a dos ayuntamientos y a la empresa Santana Motor, que acumuló más de 98 millones de euros. Uno de ellos era el ex titular de la Consejería de Empleo José Antonio Viera, quien defendió la actuación del Gobierno andaluz en la crisis de la última, al ser ésta una empresa «estratégica» no sólo para la comarca de Linares (Jaén) en la que se asentaba, sino para toda la comunidad. Fuentes del caso apuntaron ayer a LA RAZÓN que el ex consejero socialista explicó en sede judicial «el contexto en el que se dieron las subvenciones» y sostuvo que al Ejecutivo regional «no le quedó más remedio que hacer lo que hizo» y no pudo «mirar para otro lado» al tratarse Santana de una empresa «con capital público» y con «miles de trabajadores». En cualquier caso, Viera matizó que no se trató de una decisión del IFA –antiguo Instituto de Fomento de Andalucía, luego agencia IDEA, entes que actuaron como pagadores de los fondos públicos– sino que el problema llegó al «Consejo de Gobierno», de acuerdo a lo relatado por las fuentes del caso consultadas. Lo que también quiso dejar claro es que las ayudas, hasta donde él conoce, se gestionaron «con arreglo a la legalidad vigente». Así lo confirmó al término de la comparecencia su abogado, José Manuel Herrera, al subrayar que su cliente actuó de forma «perfectamente legal» en Empleo y «con esa convicción» dejó su responsabilidad en ella, según recogieron las agencias.

Estaba llamado también al desfile judicial otro ex titular de Empleo: Antonio Fernández. En su caso, reiteró ante la jueza María Núñez la invocación de derechos fundamentales que, a su juicio, supone el que se decida llamarlo como investigado a nuevas piezas de los ERE por ayudas concretas, al entender que «se trata de los mismos hechos, como la parte de un todo, que son objeto del procedimiento específico –la rama política del caso en la que está encausado–», por lo que solicitó la suspensión del acto. La magistrada se la denegó y Fernández se acogió a su derecho constitucional a no declarar, como hizo además el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.