El ex diputado vasco Aso niega la relación de su póliza con la Junta

El ex diputado del PSOE en el País Vasco Antonio Aso negó ayer ante la juez Alaya que los expedientes con los que se le relaciona tengan algo que ver con los de la Junta de Andalucía. Aso indicó a la salida del juzgado que la imputación que pesa sobre él no se corresponde con la realidad. La Fiscalía Anticorrupción sLa Razónolicitó ayer una fianza de responsabilidad civil de 24.000 euros para el ex diputado socialista.

Fuentes del caso informaron a Europa Press de que para Antonio Aso, que declaró por espacio de una hora ante la magistrada Mercedes Alaya, al término de su comparecencia, el Ministerio Público solicitó una fianza civil de 18.000 euros más el tercio legal establecido. La cantidad se corresponde con la póliza de Morgan and Meyer de la que supuestamente fue beneficiario. Las mismas fuentes indicaron que el imputado ratificó ante la instructora su declaración ante la Guardia Civil. Aso admitió el cobro de la póliza, aunque dejó claro que ésta «no tiene absolutamente nada que ver» con la Junta de Andalucía.

También estaba citado ayer el empresario Antonio Diéguez Viera, quien, según la magistrada, era la persona autorizada en la cuenta bancaria de la sociedad Promociones Vinícolas y «habría recibido de manera irregular 90.080,97 euros» a través del despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís, «quien a su vez los habría recibido de Uniter siguiendo instrucciones» del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

Dichos fondos, según Alaya, procedían de las sobrecomisiones «abonadas por la Junta con ocasión de la tramitación de las pólizas financiadas por esta Administración». Aparte, Guerrero concedió a esta sociedad una ayuda directa de 444.748,96 euros, «cantidad que no consta fuera abonada y que podría estar destinada en parte al director general de Trabajo».

Durante esta semana, han declarado ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla hasta once personas imputadas en el «caso ERE», entre ellas el ex interventor delegado en la Consejería de Empleo Juan Luque, imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos. La juez considera que Luque omitió cualquier reparo en los ejercicios 2008 y 2009 en la fiscalización de los documentos de gasto y pago de las transferencias de financiación que la Consejería de Empleo dirigía a IDEA, «conociendo que a través de los mismos se concedían ayudas sociolaborales sin sujeción al procedimiento legalmente previsto, que era el establecido en la Ley General de Subvenciones y la Ley General de Hacienda Pública» de Andalucía. Luque señaló que era incomprensible que no se hicieran auditorías externas de las cuentas en una década.

Comparecieron también ante la juez dos ex trabajadores de Vitalia y dos abogados de Estudios Jurídicos Villasís, el bufete que según la magistrada sirvió como «centro de lavado» de las ganancias obtenidas en comisiones por el conseguidor de los ERE y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, a cuyo entramado societario habría abonado dicho despacho 1.156.131 euros «mediante facturación falsa por servicios inexistentes». Para José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal, y el también letrado del despacho Alfredo Jiménez, se impuso una fianza civil de once millones.