El ex interventor denuncia que la Junta facilita información reservada a imputados

Cuando el «caso de los ERE fraudulentos», en el tejado del Tribunal Supremo, se daba prácticamente por amortizado, da una vuelta de tuerca más con una guerra de alto voltaje entre imputados que han pertenecido a la estructura de la Administración andaluza. El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez zarandea de nuevo la causa –como ya lo hizo cuando acusó a Griñán de «cebar sin descanso» el fondo de reptiles– con un duro escrito dirigido a la consejera de Hacienda y Administración Pública en el que habla de «pillaje» y «saqueo documental» por parte de ex altos cargos de la Junta para levantar su tesis de defensa y descargar responsabilidades sobre el máximo órgano de control interno del que Gómez fue responsable entre 2000 y 2010.

Para apuntalar este argumento aporta una sucesión de correos electrónicos a los que ha accedido LA RAZÓN. En el envío de documentación participan tres imputados: el ex director general de Presupuestos y ex secretario general de Hacienda Buenaventura Aguilera, el que fuera viceconsejero de Hacienda José Salgueiro y la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez. Detrás de la estrategia para trasladar la responsabilidad a la Intervención General Manuel Gómez ve la mano del que fuera presidente de Junta, José Antonio Griñán, también preimputado por su gestión como consejero.

El escrito del ex interventor general no tiene desperdicio. Está fechado el 10 de julio de 2014 y dirigido a la titular de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. Se remite a un correo fechado el 30 de julio de 2013 de Buenaventura Aguilera –éste fue cesado un mes antes, el 25 de junio– al viceconsejero de Hacienda y mano derecha de Magdalena Álvarez, José Salgueiro. «Remitió un correo electrónico a otros imputados, en el que expone su convicción de que el proyecto de Presupuestos de la Junta y los expedientes de modificaciones presupuestarias no son un cometido de la dirección general de Presupuestos, sino de la Intervención General y, concretamente, de quien esto suscribe cuando estuvo al frente de dicho centro directivo. Para demostrar tan insólita teoría, el señor Ventura acompaña sus cavilaciones con una serie de documentos de la Consejería de los últimos 14 años».

Asimismo, señala que ha tenido «conocimiento» de que se le habría facilitado «a una de las personas, anterior titular» de Hacienda «copia escaneada de todas las comunicaciones remitidas por la Intervención General de la Junta a la viceconsejería del departamento, entre los años 2004 y 2010 –Griñán fue consejero entre 2004 y 2009– y algún otro documento adicional». Teniendo en cuenta estos hechos, señala que «cualquiera que conozca el paño» puede «confirmar» que «el acceso a los fondos documentales de la Junta de los últimos 15 años requiere salvoconductos y autorizaciones que sólo ciertas instancias pueden facilitar. Todo ello debiera obligarle a tomar medidas, para impedir que se siga produciendo este pillaje de los fondos documentales oficiales y para castigar a los responsables de tales conductas».

Según el escrito hay incluso tráfico de documentos entre imputados que ni siquiera tiene la juez Alaya. «Mal se compadece este desparpajo con la declaración realizada ante el juzgado por su Consejería, certificando que toda la documentación anterior a 2005 ha sido destruida». Una destrucción de documentación a la que alude también Buenaventura Aguilera en el correo que dirige a Salgueiro: «Los expedientes de titular de Consejería de Hacienda fueron destruidos en el momento procedimentalmente oportuno (por criterio de la comisión de archivos) por eso no te los mando».

Estas «iniciativas» –prosigue– «se inscriben en la senda que abrió el anterior consejero de Economía y Hacienda y presidente de la Junta –Griñán–, en su inefable comparecencia ante la comisión parlamentaria de investigación de los ERE, en la que pretendió eludir sus responsabilidades en el asunto, tratando de endosárselas, de modo insensato, a la Intervención General».

El ex interventor general, también imputado y para el que la juez Alaya ha dictado recientemente responsabilidad civil de 3,4 millones de euros, pide a la consejera la «apertura de una información reservada, con el fin de determinar si el saqueo documental que se deduce de los hechos descritos constituye infracción disciplinaria o penal de sus autores y actuar en consecuencia con el resultado de aquélla». Entre otras informaciones reclama a la Consejería copia de «todos los escritos dirigidos por la dirección general de Presupuestos a cualquier órgano o entidad de la Junta de Andalucía, entre los años 2000 y 2010».