El fiscal solicita 4,6 y 4,1 millones de fianza a dos ex altos cargos de Empleo

Aguado se negó a testificar y Lourdes Medina se centró en aspectos técnicos

Prosigue el rosario de fianzas millonarias en el «caso de los ERE fraudulentos», ya sean para evitar la cárcel o de responsabilidad civil, como en las últimas ocasiones. La Fiscalía de Sevilla solicitó ayer fianzas civiles de 4.660.000 y 4.150.000 euros para Javier Aguado y Lourdes Medina, ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo, por las modificaciones presupuestarias investigadas. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputó a Aguado dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Sobre Medina, por su parte, pesan los mismos cargos de prevaricación y malversación de fondos públicos, además de otro de omisión del deber de perseguir delitos.

Abogados personados en la causa informaron de que, después de que el imputado Javier Aguado se acogiera a su derecho constitucional a no declarar, se celebró una comparecencia en la que el Ministerio Público pidió la citada fianza civil de 4,6 millones, cantidad que a juicio de la Fiscalía se corresponde con el 20% de las desviaciones presupuestarias que se produjeron entre 2004 y 2008, cuando Aguado ocupó el cargo. A la petición se adhirió la acusación que ejerce el sindicato Manos Limpia. La Junta de Andalucía no solicitó medida cautelar alguna.

Después de Aguado compareció ante la juez Lourdes Medina, quien lo sustituyó en el cargo de secretario general técnico de la Consejería de Empleo entre 2008 y 2012. En la sesión de tarde, la Fiscalía pidió una fianza de responsabilidad civil de 4.150.000 euros por modificaciones presupuestarias por importe de 15 millones de euros, según informaron abogados personados en la causa. La juez Alaya añadió a Lourdes Medina respecto a Aguado la imputación de la omisión del deber de perseguir delitos. La encartada no se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Las fuentes señalaron que se trató de una declaración centrada en los aspectos técnicos de las subvenciones, que concluyó en torno a las 19:30 horas.

Los dos ex altos cargos fueron imputados en junio por haber mantenido el uso de las transferencias de financiación para sufragar subvenciones junto a otros 18 cargos o ex altos cargos, entre ellos la ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez.

La juez Alaya ha convocado mañana a José Miguel Caballero Real y Juan Antonio López de Carvajal, del Bufete Garrigues, y a Daniel Gutiérrez Montaña, del Estudio Jurídico Villasís, despachos que mediaban en los expedientes de regulación de empleo investigados.