El Gobierno rebate las críticas de la Junta a los Presupuestos

Recuerda por carta a Montero que los 835 millones de euros por entregas a cuenta sí se pueden dedicar a políticas sociales

El secretario de Hacienda y Función Pública, José Enrique Fernández de Moya, ha dirigido una carta a su homóloga de la Junta, María Jesús Montero, en la que rebate las críticas formuladas por la presidenta andaluza, Susana Díaz, al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. En esta misiva, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, Fernández de Moya recuerda que Díaz criticó que los PGE destinen 835 millones de euros para Andalucía, de los que una parte (375 millones) «no pueden ser destinados a políticas sociales y que de ser así tendrán que devolverse dentro de dos años».

El secretario de Estado recuerda a la consejera que, «como ya conoces», esta cantidad se corresponde con el incremento de financiación que para Andalucía se prevé en el proyecto de PGE para 2017 con respecto a 2016, «y deriva de la diferencia de las entregas a cuenta realizadas en 2016 más la liquidación definitiva de 2014, con respecto a las entregas a cuenta previstas en 2017 con la previsión de liquidación de 2015, que todavía no es definitiva». «Ese incremento es parte de los recursos ordinarios del sistema de financiación, por lo que no existe restricción alguna para destinarlo a financiar cualquiera de los servicios públicos de la competencia de esa comunidad, incluidas las políticas sociales», añade.

En cuanto a las liquidaciones del ejercicio 2016 que se practicarán en 2018, añade que «a fecha actual no se prevé que esta liquidación pudiera resultar negativa para ninguna comunidad autónoma, ni existe información alguna que induzca a predecir que haya que devolver parte de las cantidades percibidas a cuenta, tal y como ha declarado la presidenta andaluza».

El secretario de Estado de Hacienda resalta, igualmente, que este Ministerio «ha suministrado puntualmente a las comunidades autónomas toda la información sobre la financiación autonómica en el momento en el que se ha dispuesto de ella y que coincide con la incluida en el proyecto de Presupuestos para 2017 aprobado, por lo que no ha habido ocultación de datos como se desprende de las noticias aparecidas en la prensa».

Con respecto al perjuicio que los PGE suponen para Andalucía, según la Junta, Fernández de Moya explica a Montero que las cantidades previstas «derivan de la aplicación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas, aprobada durante el gobierno del PSOE». «No obstante, y como también sabes, la Conferencia de Presidentes de 17 de enero pasado acordó someter a revisión este sistema», remarca.