Sevilla

El Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía

Es imprescindible que el Gobierno andaluz continúe con los incentivos fiscales anunciados, reduciendo la carga impositiva y haciendo atractiva a la Comunidad para los inversores

Edificio de Hacienda de Jaén, tras su reforma en 2018 / EP
Edificio de Hacienda de Jaén, tras su reforma en 2018 / EPlarazon

Es imprescindible que el Gobierno andaluz continúe con los incentivos fiscales anunciados, reduciendo la carga impositiva y haciendo atractiva a la Comunidad para los inversores

El Impuesto sobre el Patrimonio fue creado en 1977 con un carácter excepcional y transitorio, denominándose entonces «Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas». Su creación vino motivada por la necesidad del Estado de disponer de un instrumento de control, de carácter censal, que hiciese aflorar toda clase de bienes y derechos económicos susceptibles de generar rendimientos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El 1 de enero de 1992 entró en vigor la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio –como hoy día se denomina–, de aplicación en todo el territorio nacional, salvo en los regímenes tributarios forales de País Vasco y Navarra. Aun siendo un tributo de naturaleza estatal, desde el año 2014 se encuentra cedido a las Comunidades Autónomas, si bien, con competencias normativas limitadas al mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones de la cuota.

La Comunidad Autónoma de Andalucía recauda actualmente por este impuesto más de 80 millones de euros. Sólo la Comunidad de Autónoma de Madrid bonifica el 100% de la cuota a ingresar desde el ejercicio 2009. Este dato, unido a la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), hizo que muchos andaluces trasladaran su residencia fiscal a Madrid y su área metropolitana. En la Exposición de Motivos del Decreto-ley 1/2019, de 9 de abril de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía se recogen las líneas fundamentales de la política fiscal de reducción de impuestos del actual Gobierno andaluz, cuyo objetivo prioritario es incentivar la actividad económica y la inversión en nuestra Comunidad.

Este argumento sirvió para introducir en el ISD la bonificación del 99 por ciento entre parientes directos y en el IRPF reducir los tipos impositivos del tramo autonómico.Con motivo de la aprobación de los Presupuestos andaluces para 2020, el Consejero de Hacienda, Industria y Energía expuso su intención de «hacer unos Presupuestos que, como los actuales serán prudentes» así como de «reforzar la apuesta por la eficiencia, la sanidad, educación, dependencia, empleo y por bajar impuestos».

Mientras que no exista una armonización tributaria entre todas las Comunidades Autónomas, se hace imprescindible que el Gobierno andaluz continúe con los incentivos fiscales anunciados, reduciendo la carga impositiva y haciendo atractiva a nuestra Comunidad para los inversores.

Somos conscientes de que es difícil ajustar unos presupuestos prescindiendo de unos ingresos tributarios recurrentes, pero creemos que si Andalucía quiere competir con otras comunidades, y que los andaluces repatríen sus patrimonios, debe continuarse en esa línea ya iniciada de bajada de impuestos y, en particular, del Impuesto sobre el Patrimonio.