El juez del «caso Marismas» mandó a los agentes por documentación a la Junta

La colaboración con la justicia de la Junta de Andalucía vuelve a estar en entredicho. El titular del juzgado de Instrucción número 16 que instruye las presuntas irregularidades en las obras de modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir ordenó a la Guardia Civil que se personara en la sede de la Consejería de Agricultura para recabar un expediente. No lo hizo a través de una petición formal a la Administración autonómica, sino que lo hizo de manera más directa. Según consta en el último atestado entregado por la Guardia Civil –en el que se señala de nuevo al diputado socialista y secretario general del PSOE José Luis Sánchez Te-ruel–, «con fecha 26 de marzo del corriente esta instrucción recoge oficios judiciales en ese juzgado, entre ellos, su Señoría requiere con carácter urgente, que se recabe el expediente A7417200370015, original y en su integridad, por lo que nos personamos ese mismo día a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a su Secretaría General Técnica, con el objeto de hacer cumplir su mandato judicial, requiriendo original de dicho expediente».

Los agentes recibieron «en el acto 8AZ –carpetas archivadoras– conteniendo expediente completo, según nos manifiesta la jefe del Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería»

El titular del juzgado de Instrucción 16 de Sevilla es Juan Gutiérrez Casillas, que investiga también el «caso Invercaria». Precisamente, en el marco de este asunto, ya advirtió la escasa colaboración de la Junta de Andalucía y llegó incluso a amenazar al presidente de la empresa pública Invercaria, Francisco Álvaro, con imputarle un delito de desobediencia a la autoridad judicial si en cinco días no le remitía una serie de documentación «solicitada en su día». La advertencia hizo efecto y la Junta remitió en días más de 50.000 folios a los investigadores.

En lo que respecta al expediente recabado en la Consejería de Agricultura, los investigadores destacan, entre otras cosas, la modificación de la fuente de financiación por la que se emite la primera certificación de la obra objeto de investigación y que contó con cofinanciación pública de la Junta de Andalucía y de fondos europeos. En este sentido, incluye una resolución del Presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) por la que se modifica la aplicación presupuestaria de la subvención concedida a los comuneros. El motivo de esta decisión es que, en principio, se iba a abonar con dinero de la Unión Europea pero que al producirse «una demora en la ejecución de la inversión que dificulta la certificación dentro de la anualidad reglamentaria, lo que imposibilita la justificación del gasto en los programas europeos», se prefiere cargarla a «financiación autónoma (Recursos Tributarios Propios)». La iniciativa contaba con informe de disconformidad por parte del interventor delegado Juan Luque, para el que la Guardia Civil pide su imputación.

En el parlamento

Podemos pide la dimisión de Sánchez Teruel por «higiene»

La secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, reclamó ayer la dimisión del diputado autonómico y secretario provincial del PSOE almeriense, José Luis Sánchez Teruel, tras hacerse público el atestado de la Guardia Civil que le acusa de un delito de presunta malversación. Rodríguez cree que esa dimisión es necesaria «por higiene» y recordó que Sánchez Teruel «se sienta en el Parlamento justo detrás de la presidenta de la Junta Susana Díaz».