El juzgado embarga dos fincas de CC OO en Madrid

Están inscritas a favor de la Federación de Industria y cubrirán la fianza de 353.354 euros que Núñez fijó para Juan Antonio Florido

El ex secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CC OO-A Juan Antonio Florido engrosa el grupo de los embargados por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que hilvana, entre otras «macrocausas», la de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares, en la que está siendo investigado.

A través de un decreto, el órgano judicial ha trabado embargo sobre dos fincas urbanas de la calle Manuel Cortina de Madrid, inscritas a favor de la ahora Federación de Industria de CC OO –antes denominada Minerometalúrgica–, para cubrir la fianza de responsabilidad civil de 353.353,96 euros que le impuso y confirmó –rechazando un recurso del sindicalista– la titular del órgano judicial, María Núñez Bolaños, a petición de la Fiscalía.

La aparición de Florido en el sumario del «caso ERE» se remonta a 2013. La Guardia Civil concluyó entonces que «merced a sus relaciones con los comité de empresa gracias al cargo» que ostentaba en CC OO, «habría ejercido como facilitador para Vitalia, aportando información acerca de empresas del sector textil y químico en situaciones de crisis». Luego, la entonces instructora del proceso y antecesora de Núñez en su puesto, Mercedes Alaya, lo acusó de haber cobrado cuatro pólizas irregulares –por «al menos la cantidad de 265.015,47» euros– y de haber posibilitado que la mencionada mediadora ofreciera a las sociedades en reestructuración un «paquete completo» que incluía «un ERE con prejubilizaciones y financiación pública garantizada». Alaya lo encausó por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias por esa «labor desempeñada en paralelo a su actividad sindical» y le asignó ya una fianza de 353.353,96 euros, que luego anuló al considerar que había que investigar más.

Núñez mantuvo la tesis de la «estrecha relación» del sindicalista con Vitalia y la atribución de los dos delitos y refijó para Florido la mencionada cuantía por responsabilidad civil. Ahora el juzgado decreta el embargo de las dos fincas urbanas madrileñas, cuyo valor, de acuerdo a una tasación pericial de las mismas, «supera» incluso el importe del aval establecido en su caso. El órgano judicial sevillano declara solvente al investigado y da por terminada la pieza de responsabilidad pecuniaria protagonizada por el ex dirigente sindical.