El medidor de calidad de los servicios que presta la Junta se estancó en 2009

El Ejecutivo regional presume de que los ciudadanos les concedieron un 5,8, según datos de ese barómetro de hace siete años

¿Los servicios públicos que presta el Gobierno andaluz son ajustados a las necesidades de sus administrados? ¿Ha avanzado o ha disminuido la grieta en la confianza de los usuarios que pareció abrirse con la crisis económica? La Junta cuenta con un barómetro impulsado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública que podría haber ayudado a responder a preguntas como ésas. En la página web que soporta el Ejecutivo regional se explica que éste es «una herramienta que permite conocer la opinión y la satisfacción de la ciudadanía andaluza en relación a la calidad y a la modernización de los servicios públicos de la Junta» y se añade que «tiene una periodicidad anual» lo que permitiría ver además «la evolución de la opinión ciudadana a lo largo del tiempo».

El barómetro está ligado al Observatorio para la Mejora de los Servicios Públicos, que nació en el marco de la Estrategia de Modernización de los mismos diseñada por el Gobierno autonómico como un instrumento para «observar, analizar e investigar» en torno a aquéllos. Y con dicho estudio, en teoría «de carácter anual», se pretendía «dar respuesta a lo establecido en el Decreto 317/2003, de 18 de noviembre», por el que se regulan las cartas de servicios, el sistema de evaluación de la calidad de éstos y se establecen los premios a la misma.

En el sitio web consultado por LA RAZÓN se expone cuáles son los valores que se analizaron y los sondeos llevados a cabo, un apartado en el que se puede comprobar que la supuesta periodicidad anual llega hasta 2009. De hecho, la información que se ofrece se refiere en esencia a ese ejercicio. En él se realizaron «250 encuestas por provincia», que sumaron un global de «2.000» entre «el conjunto de la población» de la comunidad. Los sondeados, «personas residentes» en la región con «edades iguales o superiores a 18 años» y «de ambos sexos», siguen «una distribución proporcional a la estructura de la actual población andaluza –se entiende que se hace referencia a 2009–, representando un 48,75 por ciento de hombres y un 51,25 por ciento de mujeres».

En cuanto a los valores evaluados en el barómetro de aquel año fueron la «calidad» y el «funcionamiento de los servicios públicos de la Junta», los «trámites administrativos ‘on line’» –por internet–, la «participación ciudadana», así como la «información acerca de los servicios públicos». ¿Qué resultados se obtuvieron? El Ejecutivo autonómico asegura que los datos recogidos mostraban «una tendencia de los andaluces a valorar positivamente la calidad» de los mencionados servicios, también si se comparaban «con los dos años anteriores, donde la percepción mayoritaria de la ciudadanía» pasaba por que «dicha calidad se mantiene o ha mejorado», ello sin aportar ningún enlace ni concretar dato alguno más vinculado a los barómetros relativos a 2007 o 2008.

«La población encuestada aprueba la calidad general de los servicios públicos andaluces con una valoración media de 5,86», se destaca en el punto virtual de la consejería. No se queda ahí en su subrayado generalista de conclusiones. Afirma que los datos «señalan que si se establece una comparación con los servicios públicos locales o estatales, la ciudadanía tiende a considerar de forma mayoritaria» que los del Gobierno regional «tienen niveles de calidad iguales o ligeramente superiores». Y hasta ahí la información que se proporciona en el portal de la Junta dedicado a un barómetro con el que se quería contribuir al fomento de la excelencia en la Administración –http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/ap_ciudadania/participacion/barometro.htm–.

Hasta 326.400 euros por asesoría para evaluar políticas públicas

Las externalizaciones en el ámbito de la Administración andaluza fluyen con regularidad y existe una que sí es actual ligada a la valoración de los servicios de la Junta. El Instituto Andaluz de Administración Pública, dependiente de la Consejería de Hacienda que coordina María Jesús Montero, quiere contratar «la realización de actividades de asesoramiento técnico, consultoría, elaboración de informes, y cualquier otra de esta naturaleza, para la evaluación de las políticas y servicios públicos» en el ámbito de sus competencias. El importe neto de la licitación es de 197.472 euros, aunque el valor estimado escala hasta los 326.400. De acuerdo al pliego de prescripciones técnicas cosido a esta contrata, entre las tareas a llevar a cabo por la entidad que resulte adjudicataria «destacará el análisis de datos en el ámbito de planes estratégicos y evaluación de políticas públicas». Para la prestación de tales servicios se constituirá una «oficina técnica» destinada al análisis de «políticas y servicios públicos».