El Parlamento aprueba la ley de Servicios Sociales que garantiza prestaciones

El Parlamento andaluz ha aprobado hoy, con los únicos votos en contra de IU, la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que incluye un catálogo de prestaciones básicas garantizadas que tendrán la consideración de derecho subjetivo y, por tanto, podrán ser exigidas ante la administración y tribunales.

El texto, que ha seguido una tramitación parlamentaria de casi un año, ha incorporado aportaciones de todos los grupos de la Cámara, así como de colectivos y organizaciones sociales.

La aprobación de esta ley supone que prestaciones como la teleasistencia, la renta mínima de inserción o la ayuda a domicilio serán reconocidas como derechos y, por tanto, deberán ser garantizados por parte de la Junta. Además, se prevén otras condicionadas a la disponibilidad de recursos y a un orden de prelación establecido objetivamente, que se proporcionarán en función de las necesidades detectadas. La ley reconoce derechos como el de la persona a decidir su propia intervención y a disponer de un profesional de referencia, así como a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar.

La ley pretende “blindar” las prestaciones básicas, universalizar los servicios sociales y garantizará la titularidad y la gestión pública de los servicios sociales comunitarios.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha señalado que se trata de una “ley de todos” después de un trabajo “intenso” de todos los grupos en la Cámara andaluza, que ha permitido incorporar aportaciones de los cinco partidos y que se haya enriquecido con la voz “de todos los colectivos”.

Sánchez Rubio ha defendido que con esta ley se hace un esfuerzo para “consolidar el cuarto pilar del estado del bienestar, que son los servicios sociales” y ha garantizado que esta ley redundará en una mayor igualdad social en la comunidad.

La socialista Soledad Pérez ha recordado que se trata de una ley “muy esperada en Andalucía”, que “reconoce la universalidad del sistema” y que reserva la gestión pública directa, con la planificación o la coordinación de las prestaciones.

Ha reclamado una ley estatal de condiciones básicas para darle igualdad a todos los españoles y ha defendido que en la ley andaluza se hable de iniciativa privada al incorporar la modalidad del concierto social, ya que ha asegurado que se dará prioridad a la iniciativa sin ánimo de lucro.

La popular Ana Vanessa García ha valorado el trabajo realizado por todos los partidos durante la tramitación parlamentaria, ya que cuando llegó “adolecía de muchas cuestiones” y ha reclamado a la consejera que ahora “se cumpla” lo que se ha acordado. Ha dicho que se trata de una ley “importantísima” para Andalucía y ha defendido un mayor catálogo de prestaciones garantizadas, así como que también se garantizara su financiación.

Desde Podemos, la diputada Esperanza Gómez ha recordado que existía un “auténtico clamor” para una nueva regulación después de 30 años y ha resaltado que tras la tramitación parlamentaria los servicios sociales se reconozcan a todas la personas con vecindad en la comunidad autónoma.

Gómez, que ha valorado que los partidos hayan sido capaces de “llegar a acuerdos”, ha mostrado su discrepancia en el concierto social, ya que será objeto de un decreto que todavía desconocen.

La diputada de Ciudadanos María Carmen Prieto ha dicho que los objetivos se han cumplido “satisfactoriamente” para su formación y ha asegurado que se trata de la ley más importante que se va a aprobar en esta legislatura.

La portavoz de IU, Elena Cortés, no ha compartido que esta sea la ley de Servicios Sociales de Andalucía porque ha criticado que se recoja la “privatización” de los servicios sociales o que no se excluya en ánimo de lucro de los conciertos, entre otras cuestiones.

Durante su tramitación parlamentaria, la ley ha ampliado la cartera inicial de servicios garantizados como derechos subjetivos con la incorporación de la ayuda a domicilio, los equipos de tratamiento familiar, las situaciones de emergencia, el alojamiento alternativo y servicios relacionados con programas de drogodependencias, principalmente.