El Parlamento aprueba regularizar 25.000 viviendas ilegales en Andalucía

Las edificaciones en suelo no urbanizable con más de 6 años pasarán a la normalidad.

Los aplausos entre el público del Parlamento, entre ellos los de la vicecónsul británica en Málaga, se unieron a los de la bancada socialista tras la aprobación, con los votos favorables de PSOE, PP y Ciudadanos y la abstención de Podemos e IU, de la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que regulariza unas 25.000 viviendas ilegales en la comunidad, un 8% de las 300.000 estimadas en el último censo. El consejero José Fiscal destacó que se atienden «las demandas de la ciudadanía», con «instrumentos legales para resolver problemas reales de la forma más eficaz».

Todos los grupos de la oposición introdujeron enmiendas (cinco Podemos y C’s, cuatro el PP, con la retirada ayer de 9 y el intento frustrado de introducir otras dos in voce). La variación normativa llega tras más de un año de debate y fija controles sobre el tipo de vivienda que pueden acogerse a los cambios para regularizar las edificaciones ilegales. Podrán legalizarse edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable, que tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o declaradas de especial protección y que no estén afectadas por expedientes administrativos de demolición. La mayoría están en la comarca malagueña de la Axarquía y en la almeriense del Almanzora así como en Cádiz. Las que cumplan con los requisitos se podrán inscribir en los registros de la propiedad y acceder a los servicios básicos de luz y agua. No obstante, los propietarios tendrán que adoptar medidas correctoras urgentes para eliminar los impactos paisajísticos o ambientales producidos, especialmente sobre los recursos hídricos. La norma obliga a los ayuntamientos en un máximo de dos años a la redacción del avance del planeamiento para incorporar las viviendas regularizadas.

Por parte de IU, José Antonio Castro incidió en que se trata de «dos años para identificar más dos para iniciar», es decir, cuatro, ya que, si los ayuntamientos no actúan pasado este tiempo, es la Junta la que puede actuar. Castro criticó la cultura del «pelotazo», germen de la situación de irregularidad, y «la connivencia de la Administración, que cerraba los ojos y extendía la mano para cobrar ingentes cantidades». También denunció el «tratamiento a golpe de efecto electoralista» de la problemática. «En el decreto de 2012 faltaba ayudar a los ayuntamientos. Por fin, con este Proyecto de Ley, la Junta asumirá su responsabilidad después de tantos años», señaló. La «abstención constructiva de IU» se basa en que se trata de «parches» y no hay «visión integral de la ordenación del territorio».

Marta Escrivá, de C’s, defendió la «obligación de regularizar el mayor número de viviendas posibles» y expuso que «la LOUA se ha quedado antigua», por lo que «sería mejor una ley nueva que nuevos parches». Por Podemos, Mercedes Barranco denunció el «escaso control de los gobiernos andaluces y la política depredadora del patrimonio natural» y expuso que «lo urgente es solventar el problema, acabar con la especulación y dar solución a las personas engañadas». Frente a la «connivencia de las administraciones ante un delito urbanístico» pidió «responsabilidades políticas», señalando que la ley se aplicará igualmente a «los compradores de buena fe» que «a esos que sabían que era delito». Podemos alertó de que «sea una llamada al delito urbanístico», ya que «sólo hay que esperar 6 años» y pidió «una ley de punto final».

Patricia Navarro, del PP, indicó que «el texto está a años luz de lo que necesita Andalucía» y que la ley es «una chapuza», criticando «la falta de rigor legislativo» y que «hay más de 25.000 familias beneficiadas pero más de 275.000 familias que la ley ignora». Por el PSOE, Sánchez Haro recordó que «la prescripción se aplica a todos los ámbitos jurídicos. Hasta los asesinatos».