El Parlamento obliga a la Junta a dar información sobre empleo que no ofrece

«La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 13 de diciembre de 2017, a tenor de lo previsto en el artículo 164.3 del Reglamento de la Cámara, ha conocido el escrito presentado por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, diputada del G.P. Popular Andaluz, en el que se solicita la respuesta oral ante Comisión de la pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a revisión y reintegro de incentivos a la contratación, 10-15/PE-000441, por haberse rebasado el plazo reglamentario para su contestación». Ante ese incumplimiento, «la Presidencia de la Cámara ha ordenado que la citada pregunta se incluya en el orden del día de la siguiente sesión de la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio, donde recibirá el tratamiento de pregunta oral, con el número de expediente 10-17/PEC-000035, no quedando el Consejo de Gobierno relevado de su deber de contestarla por escrito».

El Parlamento de Andalucía ha tenido que actuar ante la falta de información que ofrece el Gobierno andaluz. No lo hace por voluntad propia, sino obligado por la reclamación de una diputada que ha visto cómo la Consejería de Empleo no da cumplida respuesta a sus preguntas de control, la principal labor que tienen los diputados. Así lo recoge el artículo 164 del Reglamento del Parlamento de Andalucía. En su apartado 2, el mencionado artículo señala que «la contestación por escrito –del Consejo de Gobierno– a las preguntas deberá realizarse dentro de los veinte días siguientes a su publicación. Este plazo podrá prorrogarse, a petición motivada del Consejo de Gobierno y por acuerdo de la Mesa del Parlamento, por otro plazo de hasta veinte días más». En el caso de que no se atienda la petición, el apartado 3 advierte de que «si el Consejo de Gobierno no enviara la contestación en dicho plazo, el Presidente o Presidenta de la Cámara, a petición del autor o autora de la pregunta, ordenará que se incluya en el orden del día de la siguiente sesión de la Comisión competente, donde recibirá el tratamiento de las preguntas orales. De tal decisión se dará cuenta al Consejo de Gobierno, que, no obstante, no quedará relevado de su deber de contestarla por escrito».

La actitud de la Junta de Andalucía no es nueva. El Boletín Oficial del Parlamento publicado ayer contiene hasta once incumplimientos de este tipo que han obligado a la Mesa de la Cámara a aplicar el reglamento para que la Consejería de Empleo ofrezca la información que se le demanda. En concreto, además de la mencionada, la diputada del PP inquiere sobre los «impagos y recortes en materia de formación para víctimas de violencia de género»; sobre el «cumplimiento de medidas del informe de actuación derivado del control especial de subvenciones de Formación Profesional para el Empleo» en las distintas provincias andaluzas; y sobre los reintegros y obligaciones pendientes de pago relativas a subvenciones de Formación Profesional para el Empleo. En todas se ha cumplido el plazo sin obtener respuesta.

La Junta ha argumentado en varias ocasiones que se trata de cuestiones ya resueltas y que, en el caso de las ayudas de formación profesional ocupacional, fueron objeto de una comisión de investigación parlamentaria celebrada al inicio de la legislatura. El Reglamento de la Cámara, en este sentido, es claro y apunta que « (...) si el contenido de la cuestión sobre la que se pregunte estuviera publicado o hubiera sido objeto de anterior respuesta, el Consejo de Gobierno podrá contestar escuetamente, facilitando los datos que permitan identificar la publicación o la respuesta anteriormente proporcionada». Ignorar las cuestiones planteadas no forma parte de las potestades del Ejecutivo, motivo por el que el consejero tendrá que responder en comisión.