El plan de la Junta de Andalucía para mejorar la educación calca medidas de otro de 2011

La Junta de Andalucía ha digerido mal los resultados del último informe PISA. La reacción del Gobierno andaluz ha ido en dos sentidos. La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, encontró en la tasa de analfabetismo que sufría Andalucía en la época de la transición el «elemento esencial», así como la existencia de entornos socioeconómicos y socioculturales «muy diferentes» en Andalucía con respecto a los de otras comunidades. La segunda reflexión, más pausada, y tras comprobar las críticas desde distintos ámbitos por los primeros argumentos, ha consistido en deslegitimar el estudio porque «no es la Biblia» y presenta una metodología «mejorable». Ambas han ido acompañadas por críticas a la oposición, especialmente al PP, por el intento de reprobación a la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, «una auténtica desmesura y un despropósito».

El Ejecutivo autonómico basa su nueva estrategia en el recientemente Plan de Éxito Educativo 2016-2020, aprobado por el Consejo de Gobierno y que contiene 63 medidas contra el fracaso y el abandono escolar temprano. Este nuevo documento tiene un precedente que se remonta a 2011: el dictamen del grupo de trabajo para la convergencia educativa que se creó en el Parlamento y que contenía 128 medidas con el mismo objetivo. Cinco años después, la Junta impulsa un nuevo documento con compromisos muy similares.

En mayo de 2009, el Grupo Socialista propuso la creación en el Parlamento de Andalucía de un grupo de trabajo «relativo a la convergencia educativa en Andalucía» que se aprobó por unanimidad. En la exposición de motivos se afirmaba que «nadie discute que desde que Andalucía se constituyera en comunidad autónoma en el año 1981 se ha producido una transformación sin precedentes en el sistema educativo andaluz». Igualmente se apuntaba que «la educación andaluza debe seguir mejorando si pretendemos alcanzar el nivel medio de los países más desarrollados de la Unión Europea. Debemos pues trabajar con intensidad para mejorar los indicadores más negativos, que en materia de rendimientos escolares, fracaso escolar, o porcentaje de personas tituladas en Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional nos alejan de la convergencia educativa con Europa».

Los aspectos más llamativos de los trabajos de este grupo constituido en la Cámara andaluza dieron lugar a un informe final que se publicó en 2011.

El PP presentó un voto particular porque, entre otras cuestiones, había que huir de la «autocomplacencia» y «las evaluaciones y los análisis de nuestro sistema educativo, efectuados por organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales, revelan deficiencias de rendimiento preocupantes con relación a otras regiones españolas y países de nuestro entorno económico y cultural».

IU también lo hizo como «apuesta por una escuela pública y laica de calidad».

Resulta llamativo, cinco años después, repasar el punto inicial desde donde, a juicio del documento aprobado, se partía: «Las alarmas sobre la calidad de nuestro sistema educativo han saltado, sobre todo, tras conocerse los resultados relativos de Andalucía, y el conjunto del Estado español, en comparación con los de los estados y regiones de nuestro entorno, fundamentalmente de la Unión Europea y la OCDE». Entonces, y a diferencia de las manifestaciones vertidas estos días por el Ejecutivo andaluz, sí se aceptaron los resultados del informe PISA. En 2016, esas «alarmas» de las que se hablaban han vuelto a saltar.

Como solución, se planteaba que «para alcanzar el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia del sistema educativo andaluz, de forma que se alcancen los indicadores de los países más desarrollados de la Unión Europea, se hace necesaria una gran alianza de la sociedad andaluza en torno a la educación. Una alianza para ampliar el nivel de respaldo político y social a nuestro sistema educativo, una alianza que trascienda a los pactos y convoque a todos los sectores a unir esfuerzos para un mismo fin. Una alianza para la convergencia educativa de Andalucía».

El propósito es similar al que se expone en el nuevo Plan Educativo 2016-2020, «una educación más igualitaria y equitativa». De hecho, éste parte, según se cita en el texto aprobado por el Consejo de Gobierno, del «análisis y las conclusiones extraídas por el grupo de trabajo sobre medidas favorecedoras del éxito educativo, constituido en el mes de noviembre del año 2015 e integrado por la inspección educativa, profesorado, asociaciones de padres y madres, equipos directivos, equipos de orientación educativa, centros del profesorado, así como corporaciones locales y el Consejo Escolar de Andalucía».

El plan del departamento de Adelaida de la Calle dedica un apartado a «una apuesta por el reconocimiento social del profesorado». La medida número 26 del texto de 2011 señala, literalmente, que hay que «prestar una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente» y la número 27 aboga por «desarrollar acciones de todo tipo, –campañas publicitarias, jornadas...– dirigidas a promocionar la justa valoración del profesorado por la comunidad educativa y la sociedad en general». Ahora se apuesta por «creación de microespacios informativos audiovisuales que muestren buenas prácticas profesionales de docentes a nivel individual, de grupos de docentes o de centros educativos».

La Junta expone ahora como novedad «adecuar las plantillas docentes a las características de los centros» y un sistema de acceso a la función pública que propicie la selección de los mejores profesionales para lo que sería necesario que el Gobierno de la Nación cambie la forma de acceso. La medida 40 de hace cinco años instaba a «establecer procedimientos de acreditación de los centros docentes que garanticen el compromiso con la calidad y la innovación educativa de los colegios e institutos en los que se lleve a cabo la formación inicial del profesorado y la fase de prácticas de los procedimientos selectivos para el ingreso en la función pública docente». Y la 42 instaba «al Gobierno de la Nación para que en los procedimientos selectivos para el acceso a la función pública docente se incluya una prueba en la que se pueda medir la capacidad del candidato o candidata para transmitir los conocimientos y para gestionar la realidad concreta de un aula».

Con respecto a la formación continua del profesorado también hay coincidencias. En el plan más antiguo, la medida número 47 apuntaba a «concebir la formación permanente como un derecho y un deber de todo el profesorado, garantizando la Administración educativa la planificación de la misma con la participación de la comunidad educativa». Ahora se apuesta por «una formación permanente del profesorado que se centre en la mejora del aprendizaje del alumnado».

El Plan de Éxito Educativo ha sido acogido con críticas y desconfianza por los sindicatos del sector. Desde la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) lo han calificado de operación de «maquillaje» y, entre otras cosas, han advertido de que pretende incrementar los buenos resultados académicos «sin elevar la exigencia en los centros» y limitando la capacidad de maniobra de los profesores.

Otro sindicato como Ustea lo ha calificado como «ajeno a la realidad de las aulas andaluzas» y un, «triste ejercicio propagandístico que se convierte en broma de mal gusto cuando plantea como objetivo la equidad y la excelencia en todo el itinerario educativo».

Desde el ámbito político, el rechazo también ha sido notable y han acusado a la Junta de tratar de «vender humo».