El porcentaje de gasto en educación de la Junta es inferior al de los años 90

El desembolso en 2017 respecto del total del gasto público es tres puntos menor que en 1992

Podemos pretende debatir en septiembre su propuesta con IU de un suelo mínimo de inversión del 5% del PIB

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, revistió sus palabras de solemnidad durante una comparecencia el pasado junio en el Parlamento andaluz con la que radiografió la situación de la comunidad: «Señorías, nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía establecen la educación como un derecho de todos y todas», proclamó. La dirigente socialista mantuvo también en el plenario que tanto ésta como la sanidad pública han «sido objeto de atención preferente en los dos presupuestos» regionales aprobados en la décima legislatura en curso, «con incrementos notablemente por encima de la media». Se afanó en transmitir que se ha avanzado «mucho en las últimas décadas», puesto el foco en el ámbito educativo, «como consecuencia de la universalización de la enseñanza y la multiplicación de las plazas, profesorado y equipamientos en todos los niveles».

Si bien, en la página web concerniente al Gobierno que dirige Díaz se puede acceder a una tabla en la que se detalla el gasto destinado a la educación respecto al total del gasto público. Abarca el ámbito temporal comprendido entre 1992 y 2017 y ha sido elaborada por el propio Ejecutivo regional, en concreto por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, una agencia administrativa con autonomía de gestión, a partir de las cuentas anuales de la comunidad. Se han empleado datos del presupuesto consolidado de gastos –sumado el de todos los agentes del sector público implicados– y, según esa información, lo dedicado al ámbito educativo en 2017 respecto del global de las partidas públicas es tres puntos porcentuales menor que lo que se consumió para tal fin en 1992. En el primer caso el porcentaje es de 22, mientras que en el segundo lo fue de 25. De hecho, el máximo desembolso de la serie se hizo en 1993, cuando se anotó un 25,6, seguido del mencionado 25 del año anterior, y del 24,5 de 1994, a la luz de lo reflejado en la estadística consultada por LA RAZÓN. La marca para el actual ejercicio, 22, se repitió en 2002 y en 2007. En otros ocho años el mencionado porcentaje fue menor a ese 22 y en catorce fue, por el contrario, mayor. De 1995 el dato no está disponible, se precisa.

Si se limita la franja de tiempo a la última década, desde 2007 a 2017, los porcentajes del gasto en educación respecto al conjunto son los que siguen: 22, 22,8, 22,4, de nuevo 22,8; 23,5; 23,8; 22,4; 22,5; 23,1; 22,6 y 22. Las tres últimas cifras son las correspondientes a la presente legislatura a la que aludió Díaz en su discurso y no son significativamente superiores a las de años anteriores.

La Junta prevé invertir 6.103 millones de euros en esta materia este ejercicio, una cuantía que no alcanza ni el 4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional –excluyendo la órbita universitaria, con ella se elevaría hasta el 5,1–, que se sitúa en torno a los 150.000 millones.

En ese escenario, sindicatos y partidos de la oposición han reclamado que se apunte de manera progresiva al 7 por ciento de ese PIB. Es más, la actual consejera de Educación, Sonia Gaya, así lo pidió en representación de UGT-A en la Comisión de Hacienda y Administración Pública de la Cámara autonómica, a la que acudió para valorar el proyecto de Presupuestos de 2017, como ya publicó este periódico. Por su parte, Podemos e IU registraron de la mano en el Parlamento, como marca la confluencia, una proposición de ley encaminada a reformar la Ley de Educación de Andalucía (LEA) y a blindar en una primera fase la inversión en educación no universitaria y que ésta tenga una «cláusula suelo» de, al menos, el 5 por ciento del Producto Interior Bruto. Dicha iniciativa aún no se ha debatido en el plenario, pero fuentes de Podemos barajan que se haga «a finales de septiembre» e intentarán que sea «antes del trámite parlamentario del borrador de la Ley de Presupuestos» de 2018. Pero ya en diciembre de 2016, el Consejo de Gobierno rechazó tomar en consideración ese proyecto de ley y justificó su decisión en que éste planteaba dudas legales o jurídicas vinculadas a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El entonces portavoz de la Junta y ahora consejero de Cultura, el socialista Miguel Ángel Vázquez, defendió que «fijar un tope» no era «la figura adecuada» y que la inversión en educación en Andalucía superaba la media nacional. Y ello, a pesar de que en el programa electoral del PSOE de 2015 ya se proponía literalmente: «Establecer una financiación pública y unos servicios comunes adecuados para todo el sistema educativo hasta alcanzar un suelo común de financiación del 5 por ciento del PIB en dos legislaturas y con la aspiración de alcanzar el 7 por ciento a medio plazo».

También fue el último junio cuando la máxima dirigente del Ejecutivo regional adelantó, durante una visita a las instalaciones del colegio de educación infantil y primaria (CEIP) Las Naciones del municipio de Vélez-Málaga, que en las cuentas de 2018 se incrementará la partida para fines educativos. Habrá que esperar para confirmar el anuncio.

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario de Podemos, Libertad Benítez, exigió ayer responsabilidad al resto de partidos para acabar «con los recortes y el sufrimiento» en las aulas andaluzas en el próximo curso y garantizar una educación digna para todos los niños de la región. La diputada adelantó, en un comunicado, que la educación pública y de calidad volverá a ser «una prioridad» para su formación en el próximo periodo de sesiones, como lo ha sido antes y lo demuestran iniciativas legislativas como la destinada a la consolidación de una cláusula suelo educativa y a la implementación de un plan de bioclimatización por ley. «Llevamos demasiados años arrastrando inicios de curso atropellados por los recortes», lanzó.