El PP busca que se investigue el reparto de 101 millones

Sostiene que las ayudas se usaron para crear una red de «clientelismo político» en torno a la Junta y al PSOE y detalla las asignadas a 45 entidades

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez, coordina una de las causas sobre formación
La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez, coordina una de las causas sobre formación

Sostiene que las ayudas se usaron para crear una red de «clientelismo político» en torno a la Junta y al PSOE y detalla las asignadas a 45 entidades

Para el PP-A, el punto final a la «macrocausa» de los cursos de formación, en la que está personado como acusación, tendrá que esperar. Ha solicitado a su instructora, la jueza María Núñez Bolaños, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigue todas las subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a 45 entidades que le enumera. Pretende que se indague «la vinculación» de éstas con cargos del Gobierno andaluz o del PSOE, así como «la relación» de los directores provinciales y ocupantes de altos puestos del SAE con «los accionistas, administradores de hecho o derecho o dirigentes de estas empresas» y «su conducta» en los procesos de concesión y justificación de las ayudas y reintegro, si lo hubo. Ello con independencia de que tras las pesquisas policiales se pudiera ampliar ese listado de entes o los hechos a considerar.

En un escrito de diez páginas, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, insiste en su tesis de que el Ejecutivo regional «utilizó durante años las subvenciones para cursos de formación con el objetivo de crear y consolidar una red de ‘clientelismo político’ en torno» al PSOE y a la Junta, en línea con lo que «indiciariamente se puede extraer» de la instrucción de otro caso que puso en jaque al Gobierno autonómico, el de los ERE.

Según exponen los representantes procesales de los populares, con los fondos para la formación de ocupados y desempleados, la Junta, «con la complicidad de los directores provinciales del SAE, creó una trama de empresas vinculadas a cargos» de la Administración y a socialistas, o «a socios y familiares suyos», que «recibieron una cantidad que se puede cuantificar en al menos 101.160.469,63 euros». De ese global, «52.760.475,04 euros corresponden a las subvenciones recibidas por siete entidades» del ex consejero de Hacienda Ángel Juan Ojeda –investigado en el caso–, según se precisa en el escrito del PP, y los 48.399.994,59 restantes a otras 38 entidades ligadas a la órbita del PSOE o del Ejecutivo andaluz. Entre ellas citan como receptora de más de 1,1 millones a autoescuela Virgen de Luna, que contó como socio fundador y trabajador el ex delegado de Empleo en Córdoba Antonio Fernández Ramírez; a Aulacen Cinco SL, hilvanada a la mujer del ex «número dos» del PSOE-A, Rafael Velasco, a la que se le asignaron 933.598,66 euros; Observa SCA, a la que atribuyen 829.848,48 euros y de la que, aseveran, el actual delegado del Gobierno regional en Cádiz, Fernando López, «poseía un 25%». Y hay otro cargo público en estos momentos, en concreto concejal del Ayuntamiento de Huelva y vicepresidente de la Diputación onubense, además de atesorar otros puestos orgánicos en el PSOE, José Fernández de los Santos, que también aparece en la lista porque fue administrador de Multiservicios y Limpiezas Doña SL, que obtuvo 301.875 euros. Más, en concreto 1,1 millones, se le otorgó al Paraíso de la Dehesa, sociedad «que estuvo administrada por Gonzalo Rodríguez Nevado» el ex alcalde socialista de Punta Umbría (Huelva) –investigado en otro proceso sobre formación–; y bastante más, 8,56 millones, fueron a parar al empresario José Sivianes –procesado por otro juzgado sevillano–, a título individual y a través de la empresa Formación Integral para el Empleo.

Al margen de esas cifras, el PP respalda a la UCO en la demanda de documentación que realizó en un reciente oficio para poder avanzar en su trabajo y vuelve a pedir al juzgado, en otro escrito, que se le entregue la certificación o testimonio de las grabaciones originales de las declaraciones de testigos e imputados «celebradas hasta la fecha» con el fin de «acompañarlas» a la queja que el partido tiene previsto interponer ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la «filtración» del supuesto archivo de la denominada pieza política del caso.

Agarrados a «castillos en el aire»

Del otro lado, el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, reprochó ayer a los populares que se sigan «agarrando a castillos en el aire» para mantener la «gran farsa» que han montado en torno a los fondos formativos. «Es un escándalo que se les ha caído», recalcó, para conminar al adversario político a «repensar su estrategia».